JEP proyecta 22 nuevas imputaciones antes de finalizar 2026: Danilo Rojas anuncia avances en investigaciones contra antiguos comandantes de las Farc

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Danilo Rojas Betancourth, anunció que antes de finalizar el año se esperan nuevas decisiones de imputación dentro de las investigaciones por crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano. El anuncio se produce en medio de las actuaciones por el reclutamiento de 18.677 niñas y niños por parte de las antiguas Farc-EP y una nueva imputación contra 11 excomandantes por crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos el atentado con un burro bomba en Chalán, Sucre.

BOGOTÁ, 6 DE NOVIEMBRE DE 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para una nueva etapa de decisiones judiciales relacionadas con los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano. Su nuevo presidente, el magistrado Danilo Rojas Betancourth, anunció que la entidad proyecta realizar 22 imputaciones antes de finalizar 2026, en un momento determinante para el esclarecimiento de la verdad, la responsabilidad de los antiguos integrantes de las Farc y los derechos de las víctimas.

El anuncio fue conocido durante una entrevista concedida a La FM, en la que Rojas explicó que la jurisdicción atraviesa una etapa de alta productividad después de varios años de investigación, recopilación de testimonios y contrastación de información sobre los hechos ocurridos durante décadas de confrontación armada.

Según el magistrado, las decisiones que se preparan hacen parte de los avances de los diferentes macrocasos que adelanta la JEP y representan un paso importante hacia la determinación de responsabilidades individuales y colectivas.

La meta anunciada es particularmente significativa porque permitirá avanzar en investigaciones que involucran asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores, violencia sexual, desplazamientos y ataques contra la población civil.

Reclutamiento de 18.677 niñas y niños: seis antiguos integrantes del secretariado deberán responder ante las víctimas

Uno de los procesos más sensibles que actualmente adelanta la JEP está relacionado con el reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

La jurisdicción documentó un universo provisional de 18.677 niñas y niños reclutados entre 1971 y 2016, una cifra que permite dimensionar la magnitud de esta práctica durante el conflicto armado.

En este contexto, el pasado 4 de noviembre, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la citación de seis antiguos integrantes del último secretariado de las Farc para que participen en una audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad.

Los convocados son:

• Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’.
• Julián Gallo Cubillos, conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’.
• Pastor Alape.
• Milton de Jesús Toncel, conocido como ‘Joaquín Gómez’.
• Pablo Catatumbo.
• Jaime Alberto Parra, conocido como ‘Mauricio Jaramillo’.

Estos antiguos comandantes ya habían sido imputados en noviembre de 2024 por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el reclutamiento forzado de menores.

La nueva audiencia está programada para los días 7, 8 y 9 de abril de 2027. Será un escenario en el que los comparecientes deberán reconocer públicamente sus responsabilidades frente a las víctimas.

La JEP también ha documentado otras formas de violencia ejercidas contra menores reclutados, entre ellas torturas, malos tratos, homicidios intrafilas, violencia sexual, violencia reproductiva y prácticas de anticoncepción y aborto forzado.

De acuerdo con la información judicial, el 24 % de las víctimas de reclutamiento reportó haber sufrido algún tipo de violencia de género durante su permanencia en las filas de la antigua guerrilla.

La audiencia representa un momento importante para las víctimas, que durante años han reclamado verdad, reconocimiento de los hechos y garantías de no repetición.

Chalán, Sucre: el atentado con un burro bomba vuelve a ser protagonista de una investigación judicial

Otro de los anuncios judiciales que ha generado atención nacional es la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 11 antiguos comandantes de los bloques Caribe y Magdalena Medio de las Farc-EP.

La decisión fue anunciada oficialmente por la JEP el 3 de noviembre de 2026, dentro del Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por esa organización y que no habían sido abordados en otros macrocasos de la jurisdicción.

Entre los hechos documentados se encuentra el atentado con un burro cargado de explosivos perpetrado durante la toma guerrillera de Chalán, en el departamento de Sucre, en 1996.

De acuerdo con la investigación de la JEP, el Frente 35 de las Farc utilizó un artefacto explosivo con aproximadamente 50 kilogramos de carga, que fue detonado en el casco urbano del municipio y ocasionó la muerte de 11 integrantes de la Policía Nacional.

El ataque destruyó parte del centro poblado y provocó un desplazamiento masivo de habitantes que abandonaron sus viviendas por temor a nuevos atentados.

La dimensión del daño fue tan profunda que el municipio llegó a ser conocido por sus habitantes como el ‘pueblo candado’, debido a que numerosas viviendas permanecieron cerradas y gran parte de la población tuvo que abandonar el territorio.

Treinta años después de aquellos acontecimientos, la decisión de la JEP busca establecer las responsabilidades de los antiguos comandantes y reconocer los daños ocasionados a las comunidades.

Once excomandantes de las Farc fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad

La decisión del 3 de noviembre involucra a 11 antiguos comandantes de las estructuras Caribe y Magdalena Medio.

Entre los nombres más reconocidos aparecen Rodrigo Londoño, antiguo máximo comandante de las Farc, y Pastor Alape, quienes también hicieron parte del último secretariado de esa organización.

Los otros comparecientes son:

• Erasmo Traslaviña Benavides, conocido como ‘Jimmy Guerrero’.
• Pedro Trujillo Hernández, conocido como ‘Alberto Cancharina’.
• Jairo Reinaldo Cala Suárez, conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’.
• Abelardo Caicedo Colorado, conocido como ‘Solís Almeida’.
• Osmany Landero Fajardo, conocido como ‘Hernando González’.
• Gilberto de Jesús Giraldo David, conocido como ‘Aldemar Altamiranda’.
• Luis Alejandro Cuadras Solórzano, conocido como ‘Leonardo Muñoz’.
• Uriel Antonio Oviedo Aldana, conocido como ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’.
• Héctor Enrique Hernández López, conocido como ‘Fabio Borges’.

La JEP determinó que los comparecientes deberán responder por diferentes crímenes, entre ellos homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura, ataques contra la población civil, destrucción de bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y violencia sexual.

La investigación se fundamentó en los relatos de 733 víctimas, 72 informes de organizaciones sociales y de derechos humanos, versiones de antiguos integrantes de las Farc y 1.859 denuncias de la Fiscalía General de la Nación.

Además de Chalán, la decisión documenta hechos como la masacre de Río Chiquito, atentados con explosivos en Maicao, Barrancabermeja y Barranquilla, y la masacre de la finca La Duquesa, en Tibú, Norte de Santander.

¿Qué significa una imputación de la JEP?

Una imputación es una determinación judicial mediante la cual la jurisdicción atribuye responsabilidad a personas que considera máximas responsables de determinados crímenes, con fundamento en los elementos recopilados durante la investigación.

En el modelo de justicia transicional existen dos posibles rutas.

Cuando los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad plena y detallada, pueden continuar por la vía dialógica y restaurativa, que contempla sanciones propias con componentes reparadores y restricciones efectivas de derechos.

Por el contrario, cuando rechazan su responsabilidad, sus casos pueden pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que tiene la facultad de formular acusaciones ante el Tribunal para la Paz.

En los procesos que terminan por la vía adversarial, las personas declaradas responsables pueden recibir penas de hasta 20 años de prisión.

Por esta razón, las nuevas imputaciones representan un avance importante en la determinación de responsabilidades por los hechos más graves del conflicto armado.

Danilo Rojas advierte que la JEP deberá hacer más con menos recursos

El anuncio de nuevas decisiones judiciales coincide con la llegada de Danilo Rojas Betancourth a la presidencia de la JEP para el periodo 2026-2028, en reemplazo del magistrado Alejandro Ramelli.

Sin embargo, el nuevo presidente también enfrenta un panorama complejo debido a las restricciones presupuestales que afectan el funcionamiento de la jurisdicción.

En sus declaraciones, Rojas advirtió que la entidad se encuentra en uno de los momentos de mayor producción judicial, precisamente cuando necesita mayores recursos humanos, técnicos y económicos para avanzar en los procesos.

La JEP también enfrenta discusiones en el Congreso sobre una posible modificación de su periodo de funcionamiento.

Actualmente, el Acuerdo Final de Paz establece un periodo de 15 años para la jurisdicción, con horizonte hasta 2033. No obstante, una iniciativa legislativa plantea anticipar el cierre de algunas de sus funciones y trasladar procesos pendientes a la justicia ordinaria.

El magistrado ha advertido que una reducción anticipada de las capacidades de la JEP podría afectar los procesos de investigación, la participación de las víctimas y el avance de las decisiones judiciales.

Una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado

Los anuncios realizados durante esta semana representan una nueva etapa para la justicia transicional en Colombia.

Las investigaciones sobre el reclutamiento de menores, los ataques contra poblaciones civiles y los crímenes cometidos en regiones como el Caribe y el Magdalena Medio muestran la dimensión de las afectaciones que dejó el conflicto armado en el país.

Para miles de víctimas, el reto no consiste únicamente en conocer quiénes fueron los responsables, sino en obtener reconocimiento, reparación y garantías de que estos hechos no volverán a repetirse.

La expectativa ahora está puesta en las nuevas decisiones que la JEP espera producir antes de finalizar 2026 y en la manera como avanzarán los procesos durante 2027.

Colombia sigue esperando verdad y justicia por los crímenes del conflicto armado. Las nuevas imputaciones de la JEP podrían marcar un momento decisivo para que quienes tuvieron responsabilidades de mando respondan ante las víctimas y ante el país.

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