La exvicepresidenta del Senado reconoció que Deicy Jiménez prestó servicios administrativos para esa corporación entre 2023 y 2024. Aseguró que la contratación se realizó en condiciones normales, negó conocer una presunta relación entre Jiménez y Gustavo Petro y solicitó que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema la escuche para aportar pruebas.

La controversia política y judicial que rodea las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo. La exsenadora María José Pizarro se pronunció públicamente sobre el caso y confirmó que Jiménez estuvo vinculada como contratista de la Vicepresidencia del Senado durante el periodo 2023-2024, cuando ella hacía parte de la mesa directiva del Congreso.

Mediante un comunicado divulgado este viernes, Pizarro explicó que conoció a Jiménez en su condición de contratista y sostuvo que la mujer cumplió las labores administrativas que le fueron asignadas al servicio de la corporación parlamentaria.

Según la excongresista, la vinculación y la prestación de los servicios se desarrollaron bajo condiciones normales y dentro del marco de la relación contractual. También aseguró que durante ese tiempo no recibió quejas ni reportes sobre posibles irregularidades en el desempeño de Jiménez.

El pronunciamiento se conoce en medio de las investigaciones relacionadas con las denuncias de la excontratista, quien ha señalado que habría recibido contratos estatales en circunstancias que involucrarían presuntos favores de carácter íntimo al expresidente Petro. Esas afirmaciones son materia de controversia y deben ser verificadas por las autoridades judiciales.

¿Qué dijo María José Pizarro sobre el contrato?

Pizarro reconoció que Deicy Jiménez trabajó como contratista de la Vicepresidencia del Senado durante el periodo en que ella ocupó esa responsabilidad, entre 2023 y 2024.

En su comunicado, manifestó que la conoció como una persona vinculada para desarrollar labores administrativas y que, durante el tiempo de prestación de servicios, no recibió información que indicara la existencia de anomalías.

La exsenadora también rechazó que su nombre o el cargo que desempeñó hubieran sido utilizados para condicionar contratos públicos a cambio de favores personales.

En uno de los apartes centrales de su declaración, negó haber participado en actuaciones de corrupción o en cualquier mecanismo que condicionara una vinculación laboral o contractual a beneficios de otra naturaleza.

Su posición busca establecer una diferencia entre el hecho que reconoce —la contratación de Jiménez en la Vicepresidencia del Senado— y las acusaciones que actualmente se investigan sobre un posible intercambio de contratos estatales por favores sexuales.

Pizarro asegura que desconocía una relación entre Jiménez y Gustavo Petro

Otro de los puntos abordados por la excongresista fue la presunta relación personal entre Deicy Jiménez y el entonces presidente Gustavo Petro.

Pizarro afirmó que nunca tuvo conocimiento de una relación íntima entre ambos y señaló que su vínculo con el exmandatario siempre se mantuvo en el terreno político y de respeto.

Según explicó, durante sus años de trabajo político junto a Petro no tuvo conocimiento de su vida privada, sentimental o íntima.

Esta declaración se produce después de que Jiménez difundiera material audiovisual y entregara información a las autoridades para respaldar sus señalamientos contra el expresidente.

La exsenadora insistió en que no debe confundirse su relación política con Petro con un supuesto conocimiento de los asuntos personales que hoy forman parte de la controversia.

Solicita ser escuchada por la Corte Suprema de Justicia

En el plano judicial, María José Pizarro informó que pidió a su abogado gestionar ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una diligencia para ser escuchada y presentar los elementos que, según ella, respaldan sus afirmaciones.

La excongresista manifestó su disposición a acudir ante el alto tribunal y entregar las explicaciones correspondientes sobre la contratación de Deicy Jiménez durante su periodo como vicepresidenta del Senado.

También solicitó que la denunciante sea escuchada con todas las garantías legales y la debida protección, sin presiones ni señalamientos que puedan afectar el desarrollo de las actuaciones judiciales.

Pizarro agregó que respetará la reserva del proceso y que, por esa razón, no entregará declaraciones adicionales a los medios de comunicación sobre las diligencias que se adelantan.

¿Qué investiga la Corte Suprema en el llamado caso de las 48?

La declaración de Pizarro se conoce en el contexto de una indagación de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia relacionada con las denuncias de Deicy Jiménez.

De acuerdo con información publicada por La FM, el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado fue asignado para adelantar las actuaciones correspondientes y la Corte citó a Jiménez para rendir declaración como testigo dentro del expediente.

La investigación tiene como punto de partida denuncias sobre una presunta instrumentalización de mujeres y la eventual asignación de contratos estatales a cambio de favores personales durante distintos periodos de la trayectoria política de Gustavo Petro.

La competencia de la Corte Suprema frente a algunos de los hechos denunciados está relacionada con actuaciones que, según la denunciante, habrían ocurrido cuando Petro era senador de la República.

Por tratarse de una investigación en curso, las afirmaciones de la denunciante deben ser contrastadas con los documentos contractuales, testimonios y demás elementos probatorios que recopilen las autoridades.

Los contratos de Deicy Jiménez con entidades estatales

La contratación de Jiménez no se habría limitado al Senado. Según una verificación realizada por La FM a partir de registros del Portal Anticorrupción de Colombia, la mujer habría tenido diez contratos con entidades estatales entre 2021 y 2026.

De acuerdo con ese medio, siete de esos contratos estarían relacionados con entidades del Congreso, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La FM también reportó un contrato suscrito con el Ministerio del Interior el 21 de enero de 2026, por un valor de 30.457.000 pesos y con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de ese año. Su objeto estaba relacionado con actividades de apoyo a la gestión y consolidación de informes sobre proyectos financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

Estas cifras hacen parte de los registros contractuales reportados por el medio y no constituyen, por sí mismas, evidencia de irregularidades. Cada vínculo deberá analizarse de manera individual, teniendo en cuenta su objeto, supervisión, cumplimiento y las condiciones en que fue celebrado.

El caso sigue generando repercusiones políticas y judiciales

El pronunciamiento de María José Pizarro amplía las versiones conocidas sobre la vinculación de Deicy Jiménez con entidades públicas y pone el foco en la contratación realizada durante la primera vicepresidencia del Senado.

La excongresista reconoce que existió un vínculo contractual, pero sostiene que se desarrolló normalmente y niega haber tenido conocimiento de cualquier presunto condicionamiento o relación personal entre Jiménez y Petro.

Ahora, la atención se concentra en las actuaciones de la Corte Suprema y la Fiscalía, que deberán establecer la autenticidad, el contexto y el alcance de los elementos aportados por la denunciante, así como verificar los contratos y las responsabilidades de quienes hayan intervenido en su celebración.

Por el momento, no existe una decisión judicial que permita dar por probadas las acusaciones de intercambio de contratos por favores sexuales. La investigación deberá avanzar con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia de todas las personas mencionadas.

Alfa Estéreo Noticias 107.8 FM continuará siguiendo las actuaciones de este caso, contrastando las versiones de las partes y las decisiones de las autoridades judiciales.

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