El ingeniero neivano, quien estuvo vinculado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue enviado a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías de Bogotá. La Fiscalía lo señala de participar en una presunta red que habría manipulado calificaciones y registros financieros de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Oyola no aceptó los cargos.
El proceso judicial contra Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas de 36 años capturado en Neiva, dio un nuevo paso. Este viernes 13 de noviembre, un juez con función de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades informáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
La decisión se produjo una semana después de su captura, realizada entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre en el barrio Quirinal de Neiva, durante un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el Gaula Militar y la Policía Nacional.
De acuerdo con la información divulgada sobre la audiencia, el juez consideró que existían riesgos que justificaban mantener al procesado privado de la libertad, entre ellos la posibilidad de que pudiera afectar el desarrollo de la investigación o no comparecer ante la justicia.
¿De qué acusa la Fiscalía a Carlos Oyola?
La investigación se concentra en una presunta estructura que habría operado entre 2017 y 2023 para realizar modificaciones irregulares en los registros académicos y financieros de estudiantes de la UNAD.
Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, esta organización habría contado con personas que tenían acceso interno a los sistemas informáticos de la universidad y con intermediarios encargados de conectar a esos operadores con quienes buscaban obtener beneficios académicos.
El ente investigador atribuye a Oyola un supuesto papel de enlace y articulación dentro de esa estructura. La hipótesis sostiene que el ingeniero no solamente habría resultado beneficiado por las modificaciones de sus propios registros, sino que también habría facilitado operaciones relacionadas con otros estudiantes.
41 inconsistencias en sus calificaciones y más de $35 millones en matrículas
Uno de los elementos centrales expuestos durante las audiencias corresponde a 41 discrepancias identificadas en los registros académicos de Oyola.
Según la Fiscalía, en diferentes asignaturas existían diferencias entre las calificaciones que aparecían en el campus virtual y las almacenadas en las tablas administrativas de la universidad.
La investigación habría encontrado casos en los que las notas inicialmente registradas como cero aparecían posteriormente con calificaciones superiores a 4,0.
También se detectaron movimientos manuales relacionados con pagos de matrícula que, de acuerdo con el ente acusador, superarían los 35 millones de pesos y no tendrían respaldo en los registros de tesorería de la institución.
La Fiscalía sostiene que estas presuntas modificaciones habrían permitido al investigado obtener un título de Ingeniería de Sistemas y una especialización en Gestión Pública. También se habría intentado avanzar en un programa de maestría, pero las anomalías habrían sido detectadas antes de que se otorgara ese título.
Los delitos que le fueron imputados
En la audiencia de imputación, la Fiscalía atribuyó a Oyola conductas relacionadas con la presunta manipulación de los sistemas informáticos y la obtención irregular de documentos académicos.
Los reportes sobre la audiencia del 13 de noviembre mencionan los siguientes delitos:
- Concierto para delinquir.
- Acceso abusivo a un sistema informático agravado.
- Daño informático agravado.
- Obtención de documento público falso.
- Fraude procesal.
Las denominaciones de algunos cargos aparecen formuladas de manera diferente en los primeros reportes de la judicialización, por lo que la formulación oficial de la Fiscalía y el registro de la audiencia constituyen la referencia para precisar su alcance jurídico.
El procesado no aceptó los cargos formulados por el ente investigador. Esto significa que el proceso continuará y que la Fiscalía deberá sustentar sus acusaciones ante la justicia.
La captura se realizó en el barrio Quirinal de Neiva
La detención de Carlos Oyola se llevó a cabo en el barrio Quirinal, en la capital huilense, en desarrollo de la operación denominada NOMOS.
Según las publicaciones conocidas, el procedimiento fue resultado de labores de seguimiento e investigación adelantadas por el CTI y el Gaula Militar. El ingeniero fue ubicado en inmediaciones de un centro asistencial.
La captura llamó la atención por su vinculación laboral con la Dirección Nacional de Inteligencia, entidad en la que se desempeñaba en el área de tecnologías de la información y desarrollo de software.
El caso también involucra señalamientos sobre la Dirección Nacional de Inteligencia
Más allá de la investigación por las presuntas irregularidades en la UNAD, el nombre de Oyola apareció en publicaciones periodísticas relacionadas con posibles vulneraciones a sistemas informáticos de entidades del Estado.
Entre los señalamientos divulgados se encuentra la presunta extracción de una copia espejo del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma que contiene información reservada y estratégica para la seguridad nacional.
También se han publicado informes que lo relacionan con supuestos intentos de acceder a sistemas de la Registraduría Nacional del Estado Civil y con una posible estructura destinada a interferir en información electoral.
Sin embargo, hay una diferencia jurídica fundamental: los señalamientos sobre una eventual operación contra la Registraduría y la presunta extracción de información de inteligencia no deben presentarse como hechos probados ni confundirse con los cargos por los cuales se produjo la actual judicialización.
La información periodística disponible señala que esas otras actuaciones hacen parte de líneas de investigación y cuestionamientos internos, sin que se conozca una imputación formal por esos hechos dentro de la audiencia que derivó en su envío a prisión.
Una investigación que involucra a otras personas
El expediente de la UNAD no se limita a Carlos Oyola. Otros siete procesados ya habían sido vinculados a la investigación y, según los reportes conocidos, la Fiscalía radicó en octubre el escrito de acusación contra ellos.
Oyola aparece como otro de los investigados dentro de ese expediente. La Fiscalía busca establecer la participación individual de cada persona y determinar cómo habría funcionado la presunta estructura para modificar registros académicos y financieros.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia figura como afectada dentro del proceso y ha señalado que las irregularidades fueron detectadas y puestas en conocimiento de las autoridades.
¿Qué significa que haya sido enviado a prisión?
La medida de aseguramiento en centro carcelario es una decisión preventiva que busca garantizar los fines del proceso penal. No equivale a una sentencia condenatoria ni significa que la responsabilidad penal del investigado ya esté demostrada.
Carlos Andrés Oyola Tovar conserva la presunción de inocencia y tendrá derecho a ejercer su defensa durante todas las etapas del proceso.
El caso deja importantes interrogantes sobre los controles de acceso a las plataformas académicas, la protección de los registros universitarios y la seguridad de los sistemas informáticos de las entidades públicas.
También abre un debate sobre los mecanismos de control y supervisión dentro de las instituciones estatales que administran información sensible.
Por ahora, el ingeniero neivano permanecerá privado de la libertad mientras la justicia continúa examinando las pruebas y determina si las conductas que le atribuye la Fiscalía pueden ser demostradas en un juicio.
ALFA ESTÉREO NOTICIAS 107.8 FM
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