La estrategia migratoria del presidente Abelardo de la Espriella intensificó los operativos en ciudades y zonas fronterizas. Las autoridades reportan procedimientos por irregularidades migratorias, alteraciones del orden público, antecedentes y requerimientos internacionales. Sin embargo, no todas las personas retiradas del país tienen condenas penales.
La política migratoria del Gobierno de Abelardo de la Espriella entró en una nueva fase de controles y operativos contra ciudadanos extranjeros. En los primeros tres meses de su administración, cerca de 1.097 personas habrían sido deportadas o expulsadas del territorio colombiano, de acuerdo con un recuento de los procedimientos anunciados por el Gobierno y las autoridades locales.
La cifra refleja el endurecimiento de las medidas de control migratorio, especialmente en ciudades como Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, además de los departamentos fronterizos y el archipiélago de San Andrés.
El Gobierno sostiene que estas acciones buscan combatir la delincuencia, proteger la seguridad nacional, recuperar la convivencia ciudadana y evitar que personas con antecedentes o requerimientos judiciales utilicen el territorio colombiano para desarrollar actividades ilegales.
Sin embargo, el balance también ha generado interrogantes sobre los criterios utilizados para retirar a los extranjeros del país, especialmente porque algunas de las medidas citadas por las autoridades corresponden a comparendos y registros de convivencia, que no equivalen necesariamente a condenas judiciales.
¿De dónde salen las 1.097 deportaciones y expulsiones?
El primer balance oficial fue presentado por el presidente Abelardo de la Espriella el 3 de noviembre, durante un consejo de seguridad en el Puente Internacional Tienditas, en la frontera con Venezuela.
El mandatario informó que entre el 7 de agosto y el 29 de octubre de 2026 se habían realizado 812 procedimientos de deportación y expulsión en todo el territorio nacional.
De ese total, 462 estuvieron relacionados con razones de seguridad nacional, orden público o requerimientos de autoridades extranjeras y de Interpol.
Además, durante ese mismo periodo se registraron 867 inadmisiones, es decir, personas a quienes las autoridades migratorias no permitieron ingresar al país por diferentes causales legales. Esta cifra corresponde a una categoría distinta y no debe sumarse a las deportaciones y expulsiones.
Después del corte oficial de octubre se anunciaron nuevos operativos. Al sumar los procedimientos divulgados durante noviembre, diferentes medios realizaron un recuento cercano a 1.097 personas retiradas del territorio nacional.
Es importante aclarar que esta última cifra es un consolidado periodístico de operaciones posteriores y no un nuevo balance estadístico oficial publicado por Migración Colombia.
¿Por qué están sacando a los extranjeros de Colombia?
Las autoridades han explicado que los procedimientos responden a diferentes situaciones. Entre las principales razones mencionadas se encuentran:
1. Seguridad nacional y orden público
El Gobierno sostiene que algunos ciudadanos extranjeros representan riesgos para la seguridad o están relacionados con actividades que afectan la tranquilidad de las comunidades.
2. Requerimientos de Interpol y autoridades extranjeras
Algunos procedimientos se relacionan con órdenes de captura, antecedentes o solicitudes de autoridades de otros países. En estos casos, las autoridades colombianas verifican la información y aplican las medidas migratorias correspondientes.
3. Irregularidades migratorias
También se adelantan procedimientos contra personas que ingresaron al país sin cumplir los requisitos legales, permanecen de manera irregular o incumplen las condiciones de sus permisos migratorios.
4. Alteraciones de la convivencia
Las autoridades han mencionado comportamientos como riñas, porte de armas blancas, consumo o comercialización de sustancias psicoactivas e irrespeto a los uniformados.
5. Actividades ilegales y afectaciones a la soberanía
En San Andrés, por ejemplo, se reportó la salida de ciudadanos hondureños sorprendidos realizando actividades de pesca ilegal en aguas colombianas.
Los operativos más importantes de noviembre
Durante los primeros días de noviembre se realizaron varias intervenciones que incrementaron el número de procedimientos migratorios.
San Andrés: 44 ciudadanos hondureños
El 1 de noviembre, 44 ciudadanos hondureños fueron puestos a disposición de Migración Colombia después de ser encontrados realizando actividades de pesca ilegal en aguas del archipiélago.
El Gobierno señaló que la medida buscaba defender la soberanía marítima y hacer cumplir las normas que regulan las actividades en aguas colombianas.
Cúcuta: 32 expulsiones durante la Operación Némesis
El 4 de noviembre, el presidente informó sobre los resultados de la Operación Némesis, desarrollada en Cúcuta.
El balance divulgado incluyó 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones de ciudadanos extranjeros.
Bogotá: 80 extranjeros expulsados
Uno de los operativos más grandes se realizó el 6 de noviembre en 15 localidades de Bogotá, con participación de Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía.
En total fueron expulsadas 80 personas: 74 hombres y seis mujeres.
Según el Gobierno, el grupo acumulaba más de 1.100 medidas correctivas relacionadas con comportamientos como porte de armas y elementos cortopunzantes, consumo, porte o comercialización de sustancias psicoactivas e irrespeto a la autoridad.
Un dato importante es que, según el reporte divulgado, solamente tres de esas 80 personas habían cumplido condenas en Colombia. Por tanto, los registros de medidas correctivas no pueden presentarse como si todos los involucrados tuvieran antecedentes penales o sentencias condenatorias.
Al llegar a Venezuela, diez integrantes del grupo fueron capturados por las autoridades de ese país debido a que tenían órdenes de captura vigentes por delitos cometidos en territorio venezolano.
Bucaramanga: nuevos procedimientos
También se anunciaron intervenciones en Bucaramanga. Entre ellas, un operativo que terminó con la salida de 13 extranjeros y otro procedimiento posterior en el que se reportó la expulsión de 71 ciudadanos venezolanos que permanecían en una estación de Policía.
Barranquilla y Cartagena: 33 extranjeros expulsados
El 8 de noviembre se anunció la expulsión de 33 ciudadanos extranjeros en la Costa Caribe.
Según el presidente, estas personas acumulaban 152 medidas correctivas por comportamientos como porte de armas blancas, riñas, consumo de estupefacientes e irrespeto a la Fuerza Pública.
El procedimiento se presentó como parte de las acciones para recuperar la convivencia y reforzar la seguridad en Barranquilla y Cartagena.
Deportación y expulsión no significan lo mismo
Uno de los aspectos más importantes para comprender esta política es que deportación y expulsión son figuras jurídicas diferentes dentro de la legislación colombiana.
De acuerdo con la información de Migración Colombia:
- Deportación: es una sanción administrativa relacionada principalmente con infracciones graves a las normas migratorias, como irregularidades en el ingreso, salida o permanencia en el país. Puede implicar una prohibición de ingreso de seis meses a diez años.
- Expulsión: corresponde a una infracción calificada como gravísima y puede aplicarse por razones de seguridad nacional, orden público, salud pública, requerimientos internacionales y otras causales legales. La prohibición de ingreso es, por regla general, de al menos cinco años.
Ambas medidas deben adoptarse mediante un procedimiento administrativo y una decisión debidamente motivada.
La Corte Constitucional también ha reiterado que los extranjeros tienen derecho al debido proceso, a conocer las razones de la actuación, ejercer su defensa y controvertir las decisiones de las autoridades.
Por eso, la existencia de un comparendo o una medida correctiva no significa automáticamente que una persona haya cometido un delito ni que exista una condena penal en su contra.
¿Qué busca el Gobierno con esta estrategia?
El presidente Abelardo de la Espriella ha defendido la política bajo el argumento de que Colombia debe recibir a quienes ingresan legalmente y respetan las normas, pero actuar con firmeza frente a quienes representan riesgos para la seguridad y la convivencia.
Desde la frontera con Venezuela, el mandatario también pidió fortalecer la cooperación internacional para intercambiar información, coordinar investigaciones y enfrentar las organizaciones criminales que operan en zonas fronterizas.
La estrategia incluye más controles de ingreso, verificación de antecedentes y operaciones conjuntas entre Migración Colombia, la Policía, las Fuerzas Militares y las autoridades locales.
El Gobierno ha anunciado que estas intervenciones continuarán en otras ciudades del país.
El debate: seguridad, migración y garantías legales
El aumento de las deportaciones y expulsiones abre un debate sobre el equilibrio entre la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas extranjeras.
Mientras el Ejecutivo presenta los resultados como una muestra de autoridad y control territorial, también resulta necesario conocer cuántas de las personas retiradas del país tenían condenas penales, cuántas registraban únicamente medidas correctivas y cuántas fueron sancionadas por irregularidades migratorias.
Otro aspecto pendiente es establecer si el incremento de estos procedimientos ha producido una reducción comprobable de los delitos y de los problemas de convivencia en las ciudades intervenidas.
Por ahora, el Gobierno mantiene su estrategia de control migratorio y asegura que continuará realizando operativos en diferentes regiones.
La cifra cercana a 1.097 personas retiradas del país en tres meses refleja la magnitud de la ofensiva migratoria, pero el verdadero resultado de esta política tendrá que evaluarse no solamente por el número de expulsiones, sino también por su impacto en la seguridad, el respeto al debido proceso y la convivencia ciudadana.
ALFA ESTÉREO NOTICIAS 107.8 FM
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