Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada recuperaron su libertad el 12 de noviembre, tras permanecer secuestrados por el Frente de Guerra Oriental del ELN desde el 8 de mayo de 2025. Una misión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, la Cruz Roja y representantes de la Iglesia participó en su recepción.
Después de aproximadamente 18 meses de incertidumbre y sufrimiento para sus familias, los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada recuperaron su libertad en el departamento de Arauca.
La liberación se produjo el jueves 12 de noviembre de 2026 y fue confirmada por la Defensoría del Pueblo, que participó en una misión humanitaria junto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y representantes de la Iglesia católica.
Los dos servidores públicos permanecían en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 8 de mayo de 2025, cuando fueron interceptados por hombres armados mientras se desplazaban por el departamento de Arauca en cumplimiento de sus actividades laborales.
La noticia representa un alivio para sus familiares y para la Fiscalía, que durante meses reclamó su liberación y denunció la gravedad de mantener a funcionarios del Estado privados de la libertad.
¿Cómo ocurrió el secuestro?
Los hechos se registraron el 8 de mayo de 2025, cuando Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada se desplazaban hacia el municipio de Fortul, en Arauca.
De acuerdo con un comunicado de la Gobernación de Arauca emitido el 9 de mayo de 2025, Pacheco era el responsable de la Unidad de Infraestructura y Personas de Protección de la Fiscalía, mientras que López se desempeñaba como agente de protección.
Ambos realizaban actividades relacionadas con sus funciones cuando fueron interceptados por hombres armados, en una zona con presencia e influencia del ELN.
Es importante precisar que, aunque son identificados públicamente como funcionarios del CTI, sus labores estaban relacionadas con la protección y asistencia institucional, no con el ejercicio directo de investigaciones judiciales.
El ELN los sometió a un denominado “juicio revolucionario”
Uno de los episodios más cuestionados durante el cautiverio ocurrió en mayo de 2026, cuando el Frente de Guerra Oriental del ELN anunció que había sometido a los funcionarios a un supuesto “juicio revolucionario”.
En esa decisión, la organización armada les atribuyó presuntas actividades de espionaje y colaboración con el Estado colombiano.
El grupo anunció supuestas condenas de 60 meses para Jesús Antonio Pacheco y 55 meses para Rodrigo Antonio López, bajo la figura de una denominada “prisión revolucionaria”.
La decisión generó rechazo de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y diferentes autoridades nacionales, que insistieron en que ninguna organización armada tiene facultades para administrar justicia, juzgar personas o imponer condenas.
La Defensoría recordó que el secuestro no puede utilizarse como mecanismo de presión, castigo o negociación y exigió la liberación de los funcionarios.
Las familias vivieron meses de angustia e incertidumbre
Durante el tiempo que permanecieron secuestrados, sus familiares realizaron llamados públicos para exigir garantías de vida y pedir que se concretara su liberación.
En septiembre de 2026 se conocieron nuevas pruebas de supervivencia, que renovaron las esperanzas de sus allegados.
Meses antes, en julio de 2026, el ELN había divulgado un video en el que los dos funcionarios solicitaban al Gobierno nacional y a las autoridades buscar una salida humanitaria que permitiera su regreso a casa.
En esas grabaciones pidieron que se adelantara un mecanismo que facilitara su libertad, mientras sus familias insistían en la necesidad de garantizar su integridad física y emocional.
Así se produjo la liberación
La Defensoría del Pueblo confirmó que los dos funcionarios fueron recibidos durante una misión humanitaria desarrollada en Arauca.
En el procedimiento participaron:
- La Defensoría del Pueblo.
- La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
- El Comité Internacional de la Cruz Roja.
- Representantes de la Iglesia católica.
Posteriormente, los funcionarios fueron trasladados para reencontrarse con sus familias y avanzar en los procedimientos institucionales correspondientes.
La Fiscalía General de la Nación celebró la liberación. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, expresó su solidaridad con los familiares y agradeció a las organizaciones humanitarias que participaron en las gestiones.
La jefe del ente acusador reiteró que el secuestro no tiene justificación y destacó la importancia de que los funcionarios puedan regresar con sus seres queridos.
De acuerdo con información publicada por Canal 1, la situación médica de los dos servidores habría sido uno de los factores considerados para concretar su entrega. Este aspecto deberá ser precisado por las autoridades mediante la valoración correspondiente.
El secuestro continúa siendo una grave preocupación en Arauca
Aunque la liberación de Pacheco y López representa un avance humanitario, la situación de seguridad en Arauca continúa siendo motivo de preocupación por la presencia de estructuras armadas ilegales y los secuestros registrados en la región.
El Frente de Guerra Oriental del ELN ha sido señalado por diferentes hechos de violencia y retenciones ilegales en Arauca y departamentos vecinos.
La Defensoría del Pueblo reiteró su exigencia de liberar a todas las personas que permanecen secuestradas en el país y pidió respeto por la vida, la integridad y la libertad de la población civil y de los servidores públicos.
La recuperación de la libertad de Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López cierra una prolongada etapa de sufrimiento para sus familias, pero también deja un nuevo llamado a que ningún colombiano tenga que pasar meses o años privado de su libertad por cuenta del conflicto armado.
ALFA ESTÉREO NOTICIAS 107.8 FM
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