El presidente de Anif, José Ignacio López, planteó estudiar la venta de la participación estatal en ISA como una alternativa para conseguir recursos y reducir el endeudamiento. La operación podría representar entre $12 y $15 billones, según la estimación difundida en el planteamiento, pero el dirigente advirtió que vender activos no soluciona el problema estructural de las finanzas públicas.
La posibilidad de vender una de las empresas estratégicas del sector energético colombiano entró en el debate económico nacional. El Centro de Estudios Económicos Anif propuso evaluar la enajenación de activos del Estado, particularmente la participación pública en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), como una medida para aliviar las presiones fiscales que enfrenta el país.
La propuesta fue presentada por José Ignacio López, presidente de Anif, en medio de la discusión sobre la Ley de Rescate Económico impulsada por el Gobierno nacional. El planteamiento contempla que una eventual operación sobre ISA podría generar recursos estimados entre $12 y $15 billones, aunque no se trata de una valoración oficial ni de una operación de venta aprobada.
López insistió en que la venta de activos públicos no puede convertirse en la principal respuesta a la crisis fiscal. En su concepto, se trata de un mecanismo extraordinario que puede proporcionar liquidez y disminuir las necesidades de financiación, pero que debe estar acompañado de recortes permanentes del gasto y medidas para corregir los desequilibrios presupuestales. Diario La República+2
¿Por qué Anif propone vender ISA?
La propuesta parte de una preocupación por el deterioro de las finanzas públicas. Según las proyecciones de Anif, si Colombia no adopta medidas de ajuste, el déficit del Gobierno Nacional Central podría superar el 9 % del producto interno bruto (PIB) en 2027, mientras que la deuda pública podría sobrepasar el 70 % del PIB a partir de 2029.
El centro de pensamiento advierte que, en ese escenario, los pagos por intereses de la deuda, pensiones y transferencias a las regiones podrían superar los ingresos tributarios de la Nación.
La venta de una participación accionaria en ISA permitiría obtener recursos extraordinarios que podrían destinarse a reducir necesidades de endeudamiento y aliviar el pago de intereses. Sin embargo, esos recursos se recibirían una sola vez y no reemplazarían los ingresos recurrentes que necesita el Estado para financiar su funcionamiento. Bloomberg Línea+2
¿Quién es el dueño de ISA y qué implicaría venderla?
Uno de los aspectos importantes de esta discusión es que ISA no es una empresa cuya participación mayoritaria esté directamente en manos del Gobierno Nacional.
Su principal accionista es Ecopetrol, que posee aproximadamente el 51,41 % de las acciones. Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene otra participación relevante, mientras que el porcentaje restante está distribuido entre inversionistas institucionales y privados.
Esto significa que una eventual venta de la participación mayoritaria tendría que pasar por decisiones corporativas de Ecopetrol y por los procedimientos legales y administrativos correspondientes. El Estado mantiene el control de Ecopetrol a través de su participación accionaria, por lo que la operación tendría implicaciones patrimoniales y estratégicas para el sector público.
La propuesta de Anif, por ahora, es estudiar la enajenación de activos estatales. No existe una decisión oficial de vender ISA ni un proceso de negociación anunciado. Minuto60+1
Anif insiste en recortar el gasto público
La venta de ISA no es la única alternativa planteada por el centro de pensamiento. José Ignacio López considera que el ajuste fiscal debe concentrarse también en revisar los gastos permanentes del Estado.
Entre las propuestas presentadas se encuentran:
- Reducir al menos un 10 % de los cargos creados en los últimos años en la Rama Judicial, la Fiscalía y los órganos de control.
- Revisar los subsidios públicos para concentrarlos en los hogares de menores ingresos.
- Establecer un impuesto a las pensiones altas.
- Reducir las deducciones empresariales relacionadas con pagos en efectivo.
- Desmontar gradualmente el subsidio al ACPM.
- Revisar el momento de aplicar la reducción de la tarifa de renta corporativa prevista en la Ley de Rescate.
Anif considera que estas medidas permitirían distribuir de otra manera el esfuerzo fiscal y evitar que el ajuste recaiga excesivamente sobre los hogares y las empresas. Diario La República+2
Los reparos de Anif a la Ley de Rescate Económico
Aunque Anif respaldó la necesidad de un ajuste fiscal cercano al 4,7 % del PIB hacia 2030, también expresó preocupación por la distribución de las medidas contempladas en el proyecto gubernamental.
Según sus cálculos, el 35 % del ajuste provendría de reducciones del gasto, mientras que el 54 % recaería en mayores contribuciones de hogares y empresas.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el aumento del IVA y el posible efecto sobre los costos de producción. Anif estima que el 62 % del valor de la canasta de bienes y servicios que tendría una mayor carga tributaria corresponde a insumos utilizados por las empresas.
También advirtió sobre el impacto que podrían tener los cambios en las deducciones de los pagos parafiscales. Según sus cálculos, una empresa tendría un sobrecosto mensual de $315.000 por un trabajador que devengue tres salarios mínimos y de $950.000 por uno que reciba cuatro salarios mínimos.
Por esa razón, el centro de estudios propone aplazar la reducción de la renta corporativa a cambio de evitar mayores costos laborales y proteger el empleo formal. Bloomberg Línea+2
¿Es suficiente vender ISA para solucionar la crisis fiscal?
La advertencia central de Anif es que una venta de activos puede aliviar temporalmente las necesidades de financiación, pero no resuelve por sí misma el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado.
Si el Gobierno recibe recursos por la venta de ISA, tendrá mayor liquidez para atender obligaciones y reducir presiones sobre la deuda. Sin embargo, si el gasto público continúa creciendo por encima de los ingresos permanentes, el problema fiscal podría reaparecer.
Por eso, López considera que la prioridad debe ser una reforma estructural del gasto, acompañada de fuentes sostenibles de financiación y de un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso.
La discusión sobre ISA abre así un debate de fondo para Colombia: ¿es conveniente vender activos estratégicos para aliviar las finanzas públicas o resulta más urgente reducir los gastos permanentes del Estado?
Por ahora, la propuesta está sobre la mesa y no representa una decisión oficial de privatización. El futuro de ISA y de otras empresas estatales dependerá de las decisiones que se adopten dentro de la discusión económica y legislativa.
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