El concejal Juan Diego Amaya citó a debate de control político para revisar el Contrato 1326 de 2026, sus adiciones presupuestales y el manejo de los ingresos obtenidos por patrocinadores. También se cuestiona la utilización de cerca de 5.000 metros cuadrados de espacio público y el cambio en la supervisión contractual.
NEIVA | POLÍTICA
El manejo administrativo y financiero del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2026 quedó en el centro de la controversia política en Neiva. Este jueves 12 de noviembre, el Concejo Municipal tiene previsto realizar un debate de control político para examinar la contratación, la comercialización de la marca del festival y el destino de los recursos obtenidos durante las festividades.
La citación fue promovida por el concejal Juan Diego Amaya Palencia, quien solicitó explicaciones a la Administración Municipal sobre la planeación, ejecución y supervisión del Contrato 1326 de 2026, suscrito con el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila, entidad encargada de la operación y comercialización de diferentes actividades del certamen.
Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con las adiciones presupuestales cercanas a los $2.000 millones. Según publicaciones regionales, el contrato habría tenido un valor global cercano a los $3.000 millones, por lo que el debate busca establecer cuánto se contrató inicialmente, cuánto se adicionó y cuáles fueron los resultados de esa inversión.
Los 5.000 metros cuadrados que generan interrogantes
Otro de los puntos centrales de la discusión es la utilización del espacio público para actividades comerciales y promocionales de empresas patrocinadoras.
Según el concejal Amaya, durante las festividades se habrían destinado cerca de 5.000 metros cuadrados para la promoción de marcas privadas, mientras que el área contemplada en la subasta comercial oficial habría sido de aproximadamente 2.600 metros cuadrados.
La diferencia plantea preguntas sobre los criterios utilizados para asignar los espacios, las autorizaciones expedidas, las empresas beneficiadas y los recursos que ingresaron por esa explotación comercial.
El interrogante de fondo es cuánto dinero recibió el municipio por estos aprovechamientos, qué contraprestaciones se pactaron con los patrocinadores y cómo se distribuyeron o reinvirtieron los recursos.
La Alcaldía había informado previamente que para la vigencia 2026 se establecieron 16 palcos para subasta y 21 zonas de patrocinadores, con inventarios y planos definidos mediante actos administrativos. También anunció que la subasta de los 16 palcos esperaba generar cerca de $1.000 millones.
La información oficial sobre estos espacios será un elemento importante para contrastar las cifras y aclarar si las áreas entregadas a patrocinadores correspondieron a las autorizaciones y condiciones previamente establecidas.
Derechos de petición y acciones judiciales
El concejal Juan Diego Amaya ha manifestado que desde julio solicitó información financiera y contractual relacionada con la comercialización del Festival de San Pedro.
Según sus declaraciones recogidas por medios regionales, habría presentado cuatro derechos de petición, dos acciones de tutela, una impugnación y promovido un incidente de desacato para obtener respuestas sobre los ingresos, los patrocinadores y la utilización de los espacios públicos.
El cabildante sostiene que todavía existen interrogantes sobre el recaudo y la destinación de los recursos, y ha insistido en que su propósito es conocer los soportes financieros y administrativos, no anticipar conclusiones sobre posibles irregularidades.
En octubre, medios locales informaron que un juzgado de Neiva había ordenado al Fondo Mixto responder en un plazo de 48 horas a una solicitud de información presentada por el concejal.
Cambio de supervisión también será objeto de cuestionamientos
La supervisión del contrato es otro de los asuntos que estará bajo revisión.
Inicialmente, esta responsabilidad estaba a cargo de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, después de la renuncia de la entonces secretaria Tania Peñafiel, la supervisión pasó a la Secretaría de Gobierno, encabezada por José Ferney Ducuara.
Amaya ha cuestionado las razones de ese traslado y ha pedido explicaciones sobre la pertinencia de que dicha dependencia asumiera la supervisión de un contrato relacionado con la operación cultural y comercial del festival.
Frente a estos señalamientos, Ducuara defendió la decisión administrativa y explicó que su secretaría tenía participación en la organización de las festividades, especialmente en asuntos de seguridad, puestos de mando unificado y coordinación institucional.
El funcionario también sostuvo que los recursos fueron ejecutados conforme a lo contratado y que la información financiera ya había sido consolidada y entregada. Esta versión deberá contrastarse con los documentos y soportes que se presenten ante el Concejo.
Funcionarios y representantes citados
Para el debate fueron convocados funcionarios de las secretarías de Hacienda, Cultura y Gobierno, además de representantes de las dependencias de Contratación y Jurídica.
También fue invitada Mayerly Carvajal Vargas, directora del Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila, entidad que tuvo a su cargo la operación y comercialización del festival.
La sesión deberá permitir establecer, entre otros aspectos:
- El valor inicial y final del Contrato 1326 de 2026.
- La justificación y ejecución de las adiciones presupuestales.
- El recaudo obtenido por la comercialización y los patrocinios.
- La identidad de las empresas que ocuparon espacios públicos.
- Las autorizaciones y contraprestaciones pactadas.
- La destinación de los recursos obtenidos.
- Las razones del cambio de supervisión contractual.
¿Qué espera conocer la ciudadanía?
El Festival de San Pedro es una de las principales expresiones culturales y turísticas del Huila, además de representar una oportunidad económica para comerciantes, artistas, empresarios y diferentes sectores de Neiva.
Por esa razón, el debate no solamente tiene implicaciones administrativas: también involucra el manejo de recursos públicos y el aprovechamiento económico de espacios que pertenecen a la ciudadanía.
La discusión deberá establecer si los mecanismos de contratación, comercialización y supervisión garantizaron transparencia, publicidad y beneficios verificables para el municipio.
Hasta el momento de esta publicación, la información disponible permite confirmar la convocatoria y los cuestionamientos previos, pero no se ha encontrado un informe público consolidado con las conclusiones del debate de este 12 de noviembre. Alfa Estéreo continuará atento a las respuestas de los funcionarios y a los documentos que permitan establecer el destino de los recursos del festival.
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