Entre agosto y noviembre de 2026, las Fuerzas Militares ejecutaron siete operaciones de bombardeo contra estructuras del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Los ataques se concentraron en Norte de Santander, Guaviare, Cauca y Chocó. Aunque el Gobierno presenta los resultados como golpes estratégicos contra las organizaciones armadas, las operaciones también han generado cuestionamientos por la muerte de menores de edad y las denuncias de afectaciones a la población civil.
La ofensiva militar del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se ha convertido en uno de los principales componentes de su política de seguridad. A pocos días de cumplirse los primeros cien días de su mandato, las Fuerzas Militares habían ejecutado siete bombardeos contra campamentos y posiciones de organizaciones armadas ilegales en diferentes regiones del país.
De acuerdo con el recuento publicado por El Espectador el 10 de noviembre de 2026, las operaciones se desarrollaron entre el 11 de agosto y el 9 de noviembre, con objetivos pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
El mandatario ha defendido públicamente estas acciones bajo una política de confrontación directa contra las estructuras criminales. Incluso, anunció que esperaba realizar entre 12 y 15 bombardeos durante sus primeros cien días de gobierno, que se cumplen el 14 de noviembre.
Sin embargo, los resultados militares también han abierto un debate nacional sobre el reclutamiento de menores, la protección de la población civil y los límites del uso de la fuerza en el conflicto armado.
LOS SIETE BOMBARDEOS DEL GOBIERNO DE DE LA ESPRIELLA
1. Operación Beta: Catatumbo, Norte de Santander – 11 de agosto
El primer bombardeo se ejecutó contra estructuras del ELN en zonas rurales de Tibú y San Calixto, en Norte de Santander.
Según el balance militar, durante la operación murieron inicialmente dos integrantes de esa organización. También fueron destruidos cinco campamentos y dos búnkeres, y se reportó la incautación de aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos y 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones.
No obstante, la operación generó preocupación por posibles daños a civiles. La Defensoría del Pueblo denunció que tres campesinos resultaron heridos en la vereda El Sinaí.
Posteriormente, se conoció que un menor de 16 años murió durante el bombardeo, información que fue confirmada por una fuente de Medicina Legal a El Espectador.
2. Operación Amón: El Retorno, Guaviare – 27 de agosto
El segundo ataque aéreo se dirigió contra tres campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura vinculada a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’.
El Gobierno reportó inicialmente ocho personas muertas. En el operativo también se incautaron 11 fusiles, cinco ametralladoras y material de intendencia.
Entre los fallecidos fue mencionado Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con los alias de ‘Urías Perdomo’ o ‘Cotiz’, señalado como hombre cercano a ‘Calarcá’.
La mayor controversia surgió después de que Medicina Legal confirmara la muerte de tres menores de edad durante el ataque. El Gobierno sostuvo que los menores habían sido reclutados y utilizados como combatientes por la estructura armada.
3. Operación Azarías: Miraflores, Guaviare – 30 de agosto
Tres días después, las Fuerzas Militares adelantaron otro bombardeo, esta vez contra el Frente Carolina Ramírez, perteneciente a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
La operación se desarrolló en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores, y tuvo como uno de sus principales objetivos a alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como cabecilla de esa estructura.
Según el balance militar, 27 presuntos integrantes de la organización fueron afectados: 20 murieron, cinco fueron capturados y dos menores de edad fueron recuperados.
Las autoridades también reportaron la incautación de 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas y otros elementos de guerra.
El ataque volvió a generar cuestionamientos por la presencia de menores de edad en los campamentos. Medicina Legal identificó menores entre las personas fallecidas, aunque los reportes consultados no permiten establecer aquí una cifra adicional precisa.
4. Ataque contra el Frente 33: Catatumbo – 11 de octubre
Después de varias semanas sin operaciones de este tipo, el Gobierno ordenó un nuevo bombardeo contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc en Norte de Santander.
La intervención se realizó con aeronaves Kfir y Super Tucano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y tuvo como objetivo afectar campamentos de esa estructura armada.
El balance oficial reportó cuatro integrantes muertos y la recuperación de 12 fusiles. Durante las operaciones terrestres posteriores, tres soldados resultaron heridos al entrar en contacto con un campo minado.
El ataque fue presentado por el Gobierno como una acción estratégica para debilitar la capacidad operacional de las disidencias en el Catatumbo.
5. Operación Ónix: El Tambo, Cauca – 22 de octubre
El quinto bombardeo se dirigió contra una estructura del ELN en zona rural de El Tambo, Cauca. Fue una de las operaciones más relevantes de la ofensiva militar contra esa guerrilla en el suroccidente colombiano.
El presidente informó inicialmente que nueve integrantes del grupo armado habían muerto. Posteriormente, el Gobierno elevó el balance a diez fallecidos.
Entre las personas identificadas por las autoridades se encontraban Neftalí Riascos Alegría, conocido como alias ‘Marcos Pacífico’, y alias ‘Ochenta’ o ‘Murillo’.
Según la información oficial, ‘Marcos Pacífico’ era uno de los principales responsables militares del Frente de Guerra Suroccidental del ELN y tenía influencia sobre estructuras que operaban en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
La operación también generó cuestionamientos por la ubicación exacta del ataque. Líderes sociales señalaron que habría ocurrido en jurisdicción de Guapi y no en El Tambo, como informó inicialmente el Gobierno. Esta diferencia geográfica fue recogida por Canal 1 y requiere claridad de las autoridades.
6. Bombardeo contra el Clan del Golfo: Nóvita, Chocó – 28 de octubre
La sexta operación se desarrolló en zona rural del municipio de Nóvita, Chocó, contra un campamento de la subestructura Edwin Guzmán Martínez del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia.
La acción fue ejecutada por tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial.
El balance preliminar fue de seis integrantes muertos y una persona capturada. Posteriormente, el presidente informó que la cifra de fallecidos habría ascendido al menos a siete.
Las condiciones del terreno y un deslizamiento dificultaron la verificación de los resultados. Entre los posibles fallecidos fue mencionado alias ‘Alex’, señalado como cabecilla zonal, aunque su identidad no había sido confirmada oficialmente en los reportes consultados.
Este fue el primer bombardeo de la administración De la Espriella contra una estructura del Clan del Golfo en el departamento del Chocó.
7. Operación Noah: Tibú, Catatumbo – 9 de noviembre
El séptimo bombardeo se realizó en la madrugada del 9 de noviembre contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc, en zona rural de Tibú, Norte de Santander.
La operación, denominada Noah, fue ordenada por el presidente y estuvo dirigida contra estructuras bajo el mando de alias ‘Calarcá’.
Según el balance presentado por el mandatario, cuatro presuntos integrantes de las disidencias murieron y seis personas fueron capturadas.
Entre los detenidos se encuentra alias ‘Barba Chivo’, también conocido como ‘Costeño’, señalado por las autoridades como jefe de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’.
Durante la operación se reportó la incautación de siete fusiles y 15 granadas adaptadas para drones. También fueron afectadas tres áreas campamentarias que, según la información oficial, tenían capacidad para albergar aproximadamente a 35 integrantes de la organización.
La operación llamó la atención por la participación directa del presidente en la presentación de sus resultados. De la Espriella apareció vestido con uniforme militar y firmó una bomba de 460 kilogramos con la frase “Bienvenidos a la Patria Milagro”.
LA MUERTE DE MENORES, EL PUNTO MÁS CONTROVERTIDO
Uno de los aspectos más sensibles de esta estrategia militar es la muerte de menores de edad que se encontraban en estructuras armadas ilegales.
En los dos primeros bombardeos, Medicina Legal confirmó cuatro fallecimientos de menores: uno en la operación del Catatumbo y tres en el ataque de Guaviare.
En las operaciones posteriores también se conocieron reportes de menores entre las víctimas, particularmente en la ofensiva contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
El Gobierno ha defendido los bombardeos argumentando que las organizaciones armadas reclutan niños, niñas y adolescentes y los incorporan a sus estructuras, exponiéndolos a enfrentamientos y operaciones militares.
Sin embargo, la muerte de menores durante ataques aéreos plantea interrogantes sobre las obligaciones de las Fuerzas Militares en materia de distinción, proporcionalidad y precaución, principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario.
La condición de reclutados no elimina la necesidad de examinar las circunstancias concretas de cada operación ni las medidas adoptadas para proteger a las personas que se encuentran en el área del ataque.
¿QUÉ DICE EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO?
El Derecho Internacional Humanitario establece reglas para la conducción de las hostilidades y la protección de las personas que no participan directamente en ellas.
Las operaciones militares deben distinguir entre objetivos militares y población civil, adoptar precauciones para reducir los daños incidentales y evitar ataques cuyo daño civil previsible resulte excesivo frente a la ventaja militar concreta y directa esperada.
En el caso de los menores reclutados por grupos armados, su situación exige especial atención. La utilización de niños y adolescentes en el conflicto constituye una grave vulneración de sus derechos y puede configurar delitos de reclutamiento ilícito.
Por eso, cada bombardeo debe ser examinado de acuerdo con sus circunstancias específicas, la información disponible antes del ataque, los objetivos seleccionados y las consecuencias para la población civil.
UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD QUE ABRE UN DEBATE NACIONAL
Los siete bombardeos muestran un cambio de intensidad en la estrategia militar del Gobierno frente a las organizaciones armadas ilegales.
Para la administración De la Espriella, estas operaciones representan golpes contra estructuras responsables de homicidios, extorsiones, desplazamientos, reclutamiento de menores y ataques contra la Fuerza Pública.
Pero las denuncias de campesinos heridos, las muertes de menores y las dudas sobre algunos resultados mantienen abierto el debate sobre la efectividad y las consecuencias humanitarias de esta política.
El Gobierno había anunciado una meta de entre 12 y 15 bombardeos durante los primeros cien días. Con siete operaciones reportadas hasta el 9 de noviembre, la discusión sobre el rumbo de la seguridad nacional continuará en el centro de la agenda política.
Más allá de las cifras de integrantes muertos, capturados o material incautado, el desafío será demostrar que estas operaciones contribuyen a reducir la violencia y proteger a las comunidades que viven en los territorios afectados por el conflicto armado.
ALFA ESTÉREO NOTICIAS 107.8 FM
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