A tres meses del sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto, el Gobierno reporta recursos y proyectos en marcha. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advierte dificultades en vivienda, salud, educación y ayudas humanitarias. Además, Transparencia por Colombia cuestiona la falta de información pública sobre el manejo del Fondo Milagro.
Han pasado tres meses desde el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Aunque las autoridades reportan inversiones, demoliciones y programas de recuperación, miles de familias todavía enfrentan dificultades para recuperar sus viviendas y acceder a servicios esenciales.
El balance más reciente evidencia la dimensión de la emergencia. Según el Registro Único de Damnificados (RUD), con corte al 3 de noviembre, 363.791 familias, equivalentes a 776.119 personas, resultaron afectadas. Además, 104.049 viviendas permanecían inhabitables, 19.149 estaban destruidas y otras 119.748 presentaban daños.
La situación fue objeto de una nueva advertencia de la Defensoría del Pueblo, que identificó obstáculos para acceder a subsidios de arrendamiento, atención médica, educación y ayudas humanitarias. La entidad también alertó sobre una brecha de financiación de $50,08 billones para ejecutar el Plan de Acción Específico de recuperación.
Cali y Valle del Cauca: demoliciones y proyectos de vivienda
En Cali y otros municipios del Valle del Cauca se adelantan intervenciones para retirar estructuras que representan riesgos y avanzar en la recuperación habitacional.
De acuerdo con el balance regional publicado el 10 de noviembre, la Gobernación del Valle contempla cerca de $1 billón para vivienda, con una meta de 5.400 viviendas nuevas y 33.000 mejoramientos. También reportó avances en la ejecución de proyectos habitacionales y obras de infraestructura educativa.
En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que alrededor de 21.000 hogares incluidos en el Registro Único de Damnificados recibían ayudas pendientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por aproximadamente $36.700 millones.
La ciudad también enfrenta el reto de intervenir edificaciones afectadas. De 9.404 inmuebles evaluados, 2.048 fueron clasificados como inseguros. El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo aprobó la demolición de 85 edificaciones, de las cuales 20 ya habían sido demolidas o estaban en proceso de intervención, según el balance regional.
La reconstrucción de viviendas y edificios tomará más tiempo: algunos proyectos requieren estudios técnicos, diseños, permisos y financiación antes de iniciar las obras definitivas.
Pereira: familias esperan subsidios y soluciones habitacionales
En Pereira y otros municipios de Risaralda persisten las dificultades para que los hogares damnificados reciban los apoyos económicos y encuentren alternativas de vivienda.
La Defensoría identificó más de 70.000 inconsistencias en registros de Risaralda. Además, con corte al 7 de octubre, 3.098 familias de Pereira todavía no habían cobrado los apoyos de arrendamiento.
El subsidio establecido para estas familias contempla $1.050.000 mensuales durante tres meses. Sin embargo, la entidad considera que este apoyo resulta insuficiente frente a procesos de reconstrucción que podrían tardar entre 12 y 18 meses.
La falta de inmuebles disponibles también ha llevado a algunas familias a regresar a viviendas que no reúnen condiciones adecuadas de seguridad.
En cuanto a la infraestructura, la Alcaldía de Pereira reportó 480 estructuras que requieren demolición completa, con cerca de 90 en proceso de intervención, según el balance regional conocido el 10 de noviembre.
Chocó: el departamento donde se originó el terremoto sigue enfrentando grandes necesidades
En Chocó, donde se ubicó el epicentro del movimiento telúrico, las necesidades de recuperación siguen siendo considerables.
El balance regional señala que 30 de los 32 municipios del departamento registraron afectaciones. En el territorio se reportaron 13 fallecidos, 348 lesionados y más de 45.000 damnificados, además de miles de viviendas destruidas o averiadas.
Las autoridades departamentales han presentado proyectos de reconstrucción, pero los gobiernos locales siguen advirtiendo dificultades para obtener recursos y poner en marcha soluciones definitivas.
En municipios como Quibdó e Istmina, las necesidades incluyen recuperación de viviendas, retiro de escombros, acceso al agua y restablecimiento de infraestructura comunitaria.
La situación es especialmente delicada para las comunidades rurales y étnicas, donde las dificultades geográficas y de acceso pueden retrasar la llegada de ayudas y la ejecución de obras.
Fondo Milagro: recursos anunciados y preguntas sobre su ejecución
El Gobierno creó el Fondo Milagro mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026, como un patrimonio autónomo destinado a centralizar recursos para la asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación, reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas.
Sin embargo, su funcionamiento y la velocidad de ejecución se convirtieron en motivo de debate.
El 11 de noviembre, El Espectador informó que el gerente del Fondo, Jaime Andrés Uribe Tamayo, volvió a excusarse de asistir presencialmente a una citación de la Comisión Accidental Bicameral del Congreso que hace seguimiento a la reconstrucción.
En una respuesta escrita a los congresistas, el gerente informó que, frente a un presupuesto aprobado de $624.656 millones para intervenciones urgentes y prioritarias, se habían adelantado procesos contractuales por $7.440 millones, equivalentes aproximadamente al 1,19 % de ese presupuesto.
Los procesos reportados estaban concentrados en demoliciones e interventorías de edificaciones en Pereira y Cali. Es importante precisar que esa cifra corresponde a procesos contractuales adelantados, no necesariamente a dinero efectivamente pagado ni a obras terminadas.
El informe también señaló que el Fondo tenía 26 personas vinculadas, incluido su gerente, frente a una planta de arranque prevista de hasta 130 cargos.
Transparencia por Colombia advierte falta de información pública
A las inquietudes sobre la velocidad de ejecución se sumó el informe “Transparencia Reconstruye: Tercer Informe de seguimiento”, divulgado el 11 de noviembre.
La organización advirtió que, tres meses después del terremoto, el Fondo Milagro todavía no tenía publicados sus manuales operativo y de contratación. Tampoco pudo verificar el funcionamiento del tablero público anunciado para hacer seguimiento a los recursos y proyectos.
Según la revisión, entre el 11 de agosto y el 3 de noviembre se identificaron 1.099 contratos relacionados con la atención y reconstrucción, por un valor de $265.088 millones, en 111 municipios de 12 departamentos.
El 84 % de esos contratos se habría realizado mediante contratación directa. La organización pidió fortalecer la publicación de información, los controles y la trazabilidad para conocer qué entidades ejecutan los recursos, cuáles proyectos reciben financiación y quiénes son los beneficiarios.
Transparencia por Colombia también señaló que el Plan de Acción Específico para la Recuperación estima necesidades por $58,29 billones, mientras que los recursos inicialmente identificados ascienden a $8,21 billones. La diferencia representa una brecha de financiación de $50,08 billones.
Educación: más de $337.000 millones para recuperar sedes escolares
El sector educativo también enfrenta una de las tareas más importantes de la reconstrucción.
El Ministerio de Educación informó el 10 de noviembre que se han destinado más de $337.000 millones y que se priorizaron 236 sedes educativas para su recuperación.
La entidad anunció además un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para redireccionar 48 millones de dólares hacia la reconstrucción de infraestructura educativa, con especial atención a Chocó y Risaralda.
Pese a estos anuncios, la Defensoría advirtió que miles de estudiantes todavía no han podido regresar a clases presenciales en condiciones adecuadas. En el Valle del Cauca, según el seguimiento citado por la entidad, 69.106 de los 121.175 estudiantes afectados continuaban en modalidades no presenciales hasta el 15 de octubre.
Salud: hospitales y pacientes siguen enfrentando dificultades
La emergencia también afectó la capacidad de atención médica en diferentes territorios.
La Defensoría identificó demoras en consultas especializadas, entrega de medicamentos y autorizaciones. En Calarcá, Quindío, el Hospital La Misericordia continuaba operando con daños en su infraestructura y una reducción cercana al 50 % de su capacidad de atención.
En Risaralda también se reportaron dificultades para acceder a citas, medicamentos y servicios médicos, lo que representa una preocupación adicional para las familias que necesitan atención permanente.
La reconstrucción podría tardar varios años
El balance de los tres meses deja una realidad compleja: existen proyectos, recursos anunciados y algunas intervenciones en marcha, pero todavía hay una distancia considerable entre los compromisos institucionales y las soluciones que necesitan las comunidades.
La Defensoría pidió superar las barreras del Registro Único de Damnificados, garantizar los subsidios, fortalecer la atención en salud y educación y asegurar recursos suficientes para una recuperación sostenible.
Por su parte, Transparencia por Colombia insistió en que la información sobre el Fondo Milagro debe ser pública, verificable y suficientemente detallada para permitir el control ciudadano.
La pregunta que permanece en las regiones no es solamente cuánto dinero se ha anunciado, sino cuánto ha llegado efectivamente a las familias y cuánto falta para que puedan recuperar sus viviendas, sus empleos, sus colegios y sus condiciones de vida.
ALFA ESTÉREO NOTICIAS 107.8 FM
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