El presidente Abelardo de la Espriella completa sus primeros tres meses en la Casa de Nariño en medio de una emergencia nacional, cambios tempranos en el gabinete, dificultades para consolidar mayorías legislativas y un presupuesto expedido por decreto. Su arranque presenta diferencias importantes frente a los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.
Los primeros 90 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella han estado marcados por situaciones que modificaron rápidamente la agenda que el mandatario había anunciado al asumir la Presidencia el 7 de agosto de 2026.
Un terremoto de magnitud 7,4 ocurrido apenas tres días después de su posesión, la declaratoria de emergencia económica, las dificultades en el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 y las diferencias con distintos sectores del Congreso han puesto a prueba la capacidad de respuesta y gobernabilidad del nuevo Ejecutivo.
El balance, publicado por medios nacionales y construido a partir de un análisis de la firma SONAR Asuntos Públicos, muestra que el actual Gobierno comenzó con una coalición legislativa importante, pero menos amplia que la que tuvo Gustavo Petro al inicio de su mandato. También registra una rotación temprana de funcionarios y una agenda regulatoria que contempla cientos de proyectos de decreto.
Un terremoto cambió los planes del Gobierno desde el comienzo
Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto. Sin embargo, el 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió el occidente y otras regiones del país.
La emergencia obligó al Gobierno a modificar sus prioridades y concentrar esfuerzos en la atención de las comunidades afectadas, la recuperación de infraestructura y la consecución de recursos.
El Ejecutivo declaró desastre nacional mediante el Decreto 1171 y posteriormente estableció una emergencia económica, social y ecológica a través del Decreto 1261. También creó el Fondo Milagro para canalizar recursos destinados a la reconstrucción.
Según el balance divulgado por Canal 1, con corte al 10 de octubre la emergencia dejaba 335 personas fallecidas, 4.516 heridas, 103 desaparecidas y cerca de 490.000 damnificadas, de acuerdo con cifras atribuidas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La declaratoria de emergencia abrió además un debate jurídico, pues sus decretos deben someterse al control automático de la Corte Constitucional.
¿Cómo enfrentaron las emergencias Santos, Duque y Petro?
La comparación con los gobiernos anteriores muestra que las contingencias naturales también marcaron los comienzos de otras administraciones, aunque las respuestas institucionales fueron diferentes.
Juan Manuel Santos (2010): durante sus primeros meses enfrentó los efectos del fenómeno de La Niña, que provocó inundaciones y graves daños en distintas regiones. En diciembre de 2010 su Gobierno declaró la emergencia económica, social y ecológica para atender la crisis.
Iván Duque (2018): no tuvo una catástrofe nacional comparable durante sus primeros 100 días. Posteriormente, su administración enfrentó la pandemia de COVID-19, que obligó a adoptar medidas extraordinarias y reorganizar buena parte de la gestión estatal.
Gustavo Petro (2022): recibió un país afectado por una fuerte temporada de lluvias. Su Gobierno declaró desastre nacional para facilitar la atención de las comunidades, pero no recurrió inicialmente a una emergencia económica como la decretada por De la Espriella.
La diferencia del actual mandato está en que el terremoto ocurrió prácticamente al comienzo de su gestión y obligó a reorganizar su agenda fiscal e institucional antes de consolidar sus principales reformas.
Una coalición legislativa que no garantiza todos los votos
Uno de los principales desafíos del presidente es la relación con el Congreso de la República.
De acuerdo con el análisis de SONAR citado por El Espectador, el Gobierno cuenta con el respaldo declarado de diez partidos, que representan 63 de los 103 senadores y 123 de los 182 representantes a la Cámara.
Aunque se trata de una coalición considerable, no significa que el Ejecutivo tenga asegurada la aprobación de todas sus iniciativas.
La comparación con los gobiernos anteriores permite dimensionar el escenario:
- Juan Manuel Santos: comenzó su primer mandato con la denominada Unidad Nacional, que agrupaba el 73,5 % del Senado y el 83 % de la Cámara.
- Iván Duque: llegó a la Presidencia con un respaldo parlamentario más reducido, cercano al 45 % del Senado.
- Gustavo Petro: inició su Gobierno con una coalición amplia que alcanzaba aproximadamente el 72 % del Senado.
- Abelardo de la Espriella: cuenta con cerca del 61 % del Senado y el 68 % de la Cámara, pero su partido tiene apenas cuatro senadores.
El panorama demuestra que el presidente necesita mantener acuerdos con colectividades que no necesariamente respaldan todas sus propuestas.
Las diferencias alrededor del presupuesto y de la reforma fiscal ya han evidenciado que las mayorías pueden cambiar de acuerdo con cada iniciativa.
El Presupuesto de 2027 terminó expedido por decreto
Otro de los episodios que marcaron estos primeros meses fue el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027.
El monto aprobado por el Gobierno asciende a aproximadamente 634,9 billones de pesos, pero su expedición terminó realizándose mediante el Decreto 1599, después de las dificultades que se presentaron durante el trámite legislativo.
La distribución contempla cerca de 391 billones de pesos para funcionamiento, 155 billones para el servicio de la deuda y 88 billones para inversión.
La expedición por decreto representa una dificultad política para el Ejecutivo, que no consiguió sacar adelante el presupuesto por la vía legislativa en los términos que esperaba.
Este episodio también afectó las relaciones con algunos sectores del Congreso y se convirtió en uno de los factores que rodearon la salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara.
Dos ministros salieron en menos de tres meses
La conformación del equipo de Gobierno también ha sido objeto de atención.
En los primeros 89 días se registraron las salidas de dos ministros: Viviane Morales, de Educación, y Rodrigo Lara, de Interior.
La salida de Lara ocurrió después de aproximadamente 75 días en el cargo y estuvo relacionada, según los reportes, con diferencias políticas y pérdida de confianza en medio de las dificultades para tramitar el presupuesto.
Alejandro Ordóñez fue anunciado como su reemplazo.
El análisis de SONAR también identificó cambios en otros cargos de alto nivel, incluidos movimientos en entidades como Ecopetrol, el DANE y Colpensiones.
La rotación temprana de funcionarios puede generar dificultades de continuidad administrativa, retrasos en proyectos y dudas sobre la estabilidad de los equipos técnicos.
La reforma fiscal: otra prueba para el presidente
En materia económica, el Gobierno presentó el proyecto de Ley 477 de 2026, denominado Ley de Rescate Económico, con el propósito de reorganizar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal.
La iniciativa plantea un ajuste de aproximadamente 70,2 billones de pesos entre 2027 y 2030, con una combinación de reducción del gasto público y modificaciones tributarias.
Entre las medidas propuestas se encuentran:
- Reducir progresivamente el costo de la planta de personal del Estado.
- Disminuir los contratos de prestación de servicios.
- Permitir la supresión o fusión de determinadas entidades públicas.
- Modificar el tratamiento tributario de algunos productos de consumo.
- Reducir gradualmente la tarifa general del impuesto de renta empresarial.
- Implementar mecanismos de devolución del IVA para hogares vulnerables.
La propuesta ha generado cuestionamientos de distintos sectores políticos, económicos y empresariales.
El Partido Liberal, por ejemplo, pidió aplazar las rebajas tributarias para las empresas de mayores ingresos y revisar los posibles efectos de los cambios en el IVA sobre los alimentos y los insumos agropecuarios.
La discusión será determinante para establecer quiénes asumirán el mayor esfuerzo del ajuste fiscal: las empresas, los consumidores o el propio Estado mediante la reducción de su gasto.
Gobernar por decreto: una agenda de 517 proyectos regulatorios
Uno de los datos más llamativos del balance es la cantidad de proyectos de decreto que prepara el Ejecutivo.
Según el análisis de SONAR citado por El Espectador, 23 entidades del Gobierno Nacional tienen en preparación 517 proyectos de decreto para su agenda regulatoria de 2027.
De ese total, 148 crearían o modificarían trámites para ciudadanos y empresas, mientras que 18 reconocerían expresamente costos para las micro, pequeñas y medianas empresas.
El Ministerio de Salud concentra 141 iniciativas, relacionadas con el flujo de recursos del sistema y posibles cambios estructurales en la prestación de servicios.
La cifra refleja una apuesta importante del Ejecutivo por utilizar instrumentos regulatorios para desarrollar su agenda. Sin embargo, también abre interrogantes sobre los costos administrativos, la participación ciudadana y los efectos que podrían tener las nuevas disposiciones sobre el sector productivo.
Es importante precisar que se trata de proyectos en preparación y no de 517 decretos que ya hayan sido expedidos.
La aprobación presidencial también muestra cambios
El respaldo ciudadano es otro indicador observado durante los primeros meses.
Según las mediciones de AtlasIntel citadas en el balance, la aprobación de De la Espriella pasó de 51,8 % en su primera medición a 48,7 % en octubre.
La comparación con sus antecesores muestra diferencias:
- Juan Manuel Santos registraba niveles de aprobación superiores al 80 % en sus primeras mediciones.
- Iván Duque tenía cerca del 53,8 % en el periodo inicial comparable.
- Gustavo Petro se ubicaba alrededor del 49,7 % cerca de sus primeros 100 días.
- De la Espriella registraba 48,7 % en octubre.
Estas cifras deben interpretarse con cautela porque corresponden a mediciones realizadas en momentos distintos y por metodologías de encuesta que no necesariamente son equivalentes.
Un gobierno que enfrenta varias pruebas al mismo tiempo
Los primeros 90 días de Abelardo de la Espriella dejan un panorama de múltiples desafíos: atender las consecuencias del terremoto, garantizar la ejecución de los recursos de reconstrucción, sostener su coalición parlamentaria, resolver las dificultades fiscales y mantener la estabilidad de su equipo de Gobierno.
A diferencia de Santos, Duque y Petro, el actual mandatario tuvo que enfrentar una emergencia de gran magnitud apenas tres días después de asumir el poder. Al mismo tiempo, su relación con el Congreso muestra una coalición que, aunque importante, no garantiza la aprobación automática de sus iniciativas.
La Ley de Rescate Económico y la ejecución de los recursos destinados a los damnificados serán dos de los principales termómetros para evaluar la gestión del Ejecutivo en los próximos meses.
Más que un periodo de instalación política, los primeros tres meses se han convertido en una prueba temprana de gobernabilidad, capacidad administrativa y cumplimiento de las promesas de campaña.
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