CUESTIONAMIENTOS POR LA FALTA DE EXPEDIENTE MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL POT DE NEIVA

Alerta de inseguridad jurídica: Advierten que el nuevo POT de Neiva podría
desplomarse en los tribunales por fallas en la participación ciudadana y falta de
expediente municipal.

El proceso de reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Neiva transita
por un escenario de alta vulnerabilidad jurídica que podría desencadenar la nulidad absoluta
de la carta de navegación urbana de la ciudad una vez sea aprobada por el Consejo
Municipal o adoptada por decreto. Las advertencias provienen de juristas y especialistas en
derecho urbano, entre ellos el experto Jorge Enrique Sastoque, quienes han identificado
vacíos procedimentales sustanciales e inobservancias a la normatividad nacional que rige el
desarrollo territorial en Colombia.

Entre las inconsistencias técnicas más graves destaca la inexistencia y falta de
actualización del expediente municipal, un requisito obligatorio establecido por la Ley 388 de
1997. Este instrumento funciona como el sistema oficial de información, seguimiento y
evaluación del uso del suelo, registrando la memoria del crecimiento de la ciudad y
sirviendo como diagnóstico base e insumo indispensable para justificar cualquier cambio en
el modelo de ocupación territorial. Al no contar con este insumo técnico debidamente
estructurado, las propuestas de modificación del suelo carecerían del sustento fáctico
necesario para superar un examen de legalidad ante el contencioso administrativo.

A este problema se suma el presunto incumplimiento de las etapas de participación
ciudadana democrática e incidente previo a la consolidación de la fase diagnóstica. Según
denunciaron representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), el Consejo Territorial
de Planeación (CTP) y gremios económicos, las mesas de trabajo han sido extemporáneas,
informativas y restrictivas, sin permitir que las solicitudes de la comunidad modifiquen
sustancialmente los documentos borradores. La vulneración del derecho fundamental a la
concertación ambiental y social viola los decretos reglamentarios vigentes, dejando el futuro
del POT expuesto a una inminente ola de demandas de nulidad por parte de los sectores
afectados.