ESTADIO PLAZAS ALCID BAJO LA LUPA: CUESTIONAN FECHAS DE INFORME TÉCNICO Y CONTRATO QUE SUSTENTA LA DEMOLICIÓN DE LA TRIBUNA OCCIDENTAL

Una investigación divulgada por un medio de comunicación local, plantea presuntas inconsistencias entre la fecha de contratación de un ingeniero, el inicio legal de sus actividades y el informe técnico que sirvió de soporte para declarar la amenaza de ruina de la tribuna occidental. La Alcaldía adelanta un nuevo proceso contractual por más de $6.802 millones para demoler la estructura.

El futuro del estadio Guillermo Plazas Alcid vuelve a estar en el centro del debate público en Neiva. Esta vez, las preguntas no se limitan al costo y los retrasos de la intervención: una investigación del ingeniero industrial Jonathan Trujillo Lasso, expone posibles inconsistencias documentales alrededor del concepto técnico utilizado para sustentar la demolición de la tribuna occidental.

La controversia gira alrededor del contrato de prestación de servicios del ingeniero civil Fabián Camilo Falla Naranjo, el informe que declaró la presunta amenaza de ruina de la estructura y la Resolución 003 de 2026, mediante la cual se habría formalizado esa condición.

El punto central de la denuncia es una diferencia de fechas: el informe técnico aparece fechado el 14 de enero de 2026, mientras que, según la investigación publicada, el acta de inicio del contrato del profesional se habría firmado el 17 de enero. Es decir, el documento habría sido elaborado tres días antes del inicio formal de sus actividades contractuales.

La cronología que genera interrogantes

Según la investigación divulgada por La Nación, Fabián Camilo Falla Naranjo fue vinculado mediante el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0140 de 2026, por un valor de $30 millones.

El objeto contractual estaba relacionado con asesoría a la Dirección de Prospectiva en proyectos del Plan de Desarrollo. La publicación señala que el contrato fue suscrito el 10 de enero de 2026, pero que su acta de inicio se firmó el 17 de enero.

Sin embargo, el informe técnico dirigido a la Secretaría de Deportes, utilizado como soporte para declarar la amenaza de ruina de la tribuna occidental, aparece fechado el 14 de enero.

La diferencia de tres días constituye uno de los principales cuestionamientos de la investigación: ¿bajo qué vínculo contractual se elaboró y entregó el concepto técnico?, ¿existía una autorización o designación adicional para realizar esa labor?, ¿cuándo fue recibido oficialmente el documento por la Administración Municipal?

Estas preguntas requieren una respuesta documental de la Alcaldía.

El informe aparece con otra fecha en los documentos de ejecución

La investigación también señala diferencias entre los informes de actividades y supervisión del contrato.

De acuerdo con lo publicado, el documento técnico no habría quedado registrado en los informes correspondientes a enero, pero posteriormente habría sido incorporado como anexo en los reportes de febrero, con una fecha diferente: 5 de febrero de 2026.

Si esta secuencia se confirma mediante la revisión integral de los expedientes, será necesario establecer por qué el mismo concepto aparece con fechas distintas y cuál fue la versión efectivamente utilizada para expedir la resolución municipal.

La diferencia cronológica, por sí sola, no permite concluir que hubo falsedad documental. Para establecer si existió una irregularidad administrativa o penal se requiere revisar los originales, los registros de radicación, las versiones del informe, las firmas y las explicaciones de los funcionarios y del contratista.

¿La Resolución 003 se expidió con todos los soportes requeridos?

Otro de los cuestionamientos se relaciona con la Resolución 003 del 19 de enero de 2026, que habría declarado la amenaza de ruina de la tribuna occidental.

La investigación sostiene que el acto administrativo pudo haberse expedido sin contar con un soporte técnico debidamente elaborado y recibido, debido a las diferencias de fechas que rodean el informe.

También cuestiona la participación del ingeniero Falla Naranjo en espacios de revisión del acto administrativo, en los que habría intervenido como apoyo técnico en estructuras.

La publicación plantea un posible conflicto de interés, al considerar que el profesional habría participado en la validación del mismo concepto que elaboró.

Este señalamiento debe ser contrastado con las actas del comité, las funciones asignadas a sus integrantes y los documentos que expliquen el procedimiento de revisión. No existe, con la información pública consultada, una decisión judicial o disciplinaria que haya declarado probado un conflicto de interés o una falsedad documental.

La discusión sobre la necesidad de demoler o recuperar la estructura

La controversia también revive el debate técnico sobre el futuro de la tribuna occidental.

La investigación sostiene que existían estudios anteriores de la Universidad Nacional, sede Manizales, que habrían contemplado alternativas de recuperación mediante reforzamiento estructural, entre ellas el uso de fibra de carbono o soluciones convencionales.

Según el investigador, la Administración habría optado por la demolición para ajustar el proyecto a restricciones presupuestales y evitar determinados trámites urbanísticos.

Estas afirmaciones constituyen cuestionamientos que requieren contrastación con los estudios completos, los conceptos técnicos posteriores y las decisiones administrativas. No es posible afirmar, con la documentación pública consultada, que la demolición se haya decidido exclusivamente por razones presupuestales o para evitar una licencia urbanística.

El antecedente judicial que obliga a estudiar el futuro del estadio

El caso tiene un antecedente importante. El Consejo de Estado, mediante providencia del 17 de abril de 2026, resolvió una apelación dentro de una acción popular relacionada con el deterioro del estadio Guillermo Plazas Alcid.

La decisión modificó parcialmente el fallo de primera instancia y ajustó las responsabilidades y órdenes impartidas a las entidades involucradas. Entre las medidas se encuentra la obligación de adelantar estudios para determinar si resulta técnica y urbanísticamente conveniente reparar o readecuar el escenario, o construir uno nuevo.

La providencia también recoge los antecedentes de la tragedia del 19 de agosto de 2016, cuando el desplome de una placa de concreto de la tribuna occidental ocasionó la muerte de cuatro trabajadores y dejó diez personas heridas.

Este antecedente demuestra que la discusión sobre la seguridad estructural no es nueva y que cualquier decisión sobre el futuro del escenario debe estar respaldada por estudios, procedimientos y decisiones debidamente sustentadas.

Nuevo contrato de demolición supera los $6.802 millones

Mientras se mantienen los cuestionamientos, la Alcaldía de Neiva publicó un nuevo proceso de contratación para ejecutar las actividades de implosión y demolición de la tribuna occidental.

El proceso identificado como MNSDRSAMOP057-2026 tiene un presupuesto aproximado de $6.802.824.072 y un plazo de ejecución de cuatro meses.

De acuerdo con la información del proceso publicada en SECOP II, la presentación y apertura de ofertas estaba programada para el 18 de noviembre. El cronograma contempla la publicación del informe de evaluación el 24 de noviembre y la decisión de adjudicación o declaratoria de desierto para el 4 de diciembre de 2026.

Este nuevo procedimiento se abrió después de que la licitación anterior, por un valor cercano a los mismos $6.803 millones, fuera declarada desierta en septiembre. En aquella convocatoria participaron cinco proponentes, pero ninguno cumplió todos los requisitos para obtener el contrato.

La Secretaría de Deportes ha explicado que la intervención contempla exclusivamente la demolición de la tribuna occidental y no incluye la reconstrucción integral del estadio.

¿Qué deben aclarar la Alcaldía y los organismos de control?

Ante los cuestionamientos, hay varios puntos que requieren respuestas públicas y verificables:

  • ¿Cuál fue la fecha real de elaboración, entrega y radicación del informe técnico de amenaza de ruina?
  • ¿Por qué la fecha del documento sería anterior al acta de inicio del contrato del profesional?
  • ¿Por qué los informes de actividades de enero y febrero contendrían referencias cronológicas diferentes?
  • ¿Qué funcionarios revisaron y aprobaron el concepto técnico?
  • ¿Qué estudios independientes respaldaron la declaratoria de amenaza de ruina?
  • ¿Cómo se evaluaron las alternativas de reforzamiento frente a la demolición?
  • ¿Qué actuaciones han adelantado la Personería, la Contraloría y la Procuraduría frente a las denuncias?

La existencia de una demanda de nulidad simple y de actuaciones ante organismos de control, mencionadas en la investigación periodística, también deberá ser precisada con los respectivos radicados y decisiones.

El estadio sigue esperando una solución definitiva

Diez años después del colapso que cobró la vida de cuatro trabajadores, el Guillermo Plazas Alcid continúa siendo uno de los asuntos de mayor preocupación para el deporte y la ciudadanía de Neiva.

La ciudad necesita una solución que garantice la seguridad, la transparencia en la contratación y el uso responsable de los recursos públicos.

Las diferencias documentales señaladas por la investigación de Jonathan Trujillo Lasso requieren respuestas claras de la Administración Municipal. También será fundamental conocer la posición del ingeniero mencionado y los resultados de las verificaciones de los organismos de control.

Por ahora, los cuestionamientos no equivalen a una declaración de responsabilidad. La documentación contractual, los informes técnicos y las decisiones judiciales serán determinantes para establecer si hubo irregularidades y si el proceso de demolición cuenta con todos los soportes exigidos.

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