El alcalde Kleyver Oviedo Farfán acudió a la Fiscalía para que se investiguen posibles irregularidades en la expedición de licencias urbanísticas, modificaciones al ordenamiento territorial y comercialización de viviendas. El caso involucra al proyecto Ciudadela Primaveras de La Colina, de la Constructora MACNA, en el sector de Amborco y Santa Clara.
Una controversia urbanística y jurídica sacude al municipio de Palermo, Huila. La Administración Municipal, encabezada por el alcalde Kleyver Oviedo Farfán, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen posibles irregularidades relacionadas con la expedición de licencias de construcción, modificaciones al ordenamiento territorial y comercialización de proyectos de vivienda.
El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa en la que participaron el mandatario, el consultor del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) y el abogado apoderado del municipio.
La denuncia busca que las autoridades establezcan si durante diferentes administraciones se expidieron actos administrativos sin cumplir los requisitos legales y técnicos exigidos para autorizar desarrollos urbanísticos. Entre las posibles conductas que se solicita investigar se encuentran el prevaricato por acción y la urbanización ilegal, además de eventuales estafas relacionadas con la comercialización de soluciones habitacionales.
Cerca de 60 licencias frente a un proyecto que ofrecería cientos de viviendas
Uno de los principales focos de la denuncia es el proyecto Ciudadela Primaveras de La Colina, desarrollado por la Constructora MACNA, en jurisdicción de Palermo.
Según información publicada por el medio regional La Última el 18 de noviembre, la Alcaldía señaló que durante 2024 se habrían expedido cerca de 60 licencias individuales de construcción para viviendas del proyecto, mientras que su comercialización contemplaría alrededor de 500 soluciones habitacionales.
Esta diferencia encendió las alarmas de la Administración Municipal, que pidió investigar qué autorizaciones respaldan la oferta comercial, cuántas viviendas cuentan con licencias y si existieron actuaciones irregulares de funcionarios o particulares.
La investigación también busca establecer si las modificaciones al ordenamiento territorial permitieron incorporar terrenos al suelo urbano o ampliar perímetros urbanos y suburbanos sin cumplir integralmente las condiciones establecidas en la Ley 388 de 1997.
Agua, alcantarillado y condiciones ambientales, en el centro de la controversia
Otro de los aspectos más delicados tiene que ver con la disponibilidad de servicios públicos para los nuevos desarrollos.
La revisión técnica contratada por el municipio habría identificado dudas sobre la capacidad de las redes de acueducto y alcantarillado, así como sobre el cumplimiento de requisitos ambientales y estudios de mitigación de riesgos.
La preocupación es que la autorización de grandes desarrollos habitacionales sin infraestructura suficiente pueda generar problemas futuros para las familias que adquieran viviendas y trasladar al municipio obligaciones adicionales en materia de servicios públicos, salud, educación y seguridad.
La CAM ya había abierto una actuación ambiental relacionada con MACNA
Un antecedente documental importante aparece en un expediente de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), relacionado con la Ciudadela Primaveras de La Colina.
Mediante el Auto SAN-00628-25, expedido en septiembre de 2025, la autoridad ambiental inició un procedimiento sancionatorio contra Constructora MACNA S.A.S. BIC por posibles intervenciones en el cauce y las zonas de protección de dos drenajes sencillos que atraviesan el área del proyecto.
El documento recoge visitas técnicas realizadas en julio de 2025. Durante la inspección, la CAM registró actividades de construcción de viviendas, apertura de vías y explanación del terreno. También indicó que no se evidenció infraestructura ni avances en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales que se proyectaba para el desarrollo.
En el expediente se dejó constancia de que, según la información revisada por la autoridad ambiental, las empresas Aqua Flux ESP S.A.S. y Desarrollo Verde S.A.S. no contaban con concesión de aguas superficiales o subterráneas para prestar el servicio de abastecimiento.
La CAM señaló que había evidencia técnica de posibles infracciones ambientales y ordenó iniciar el procedimiento correspondiente, además de disponer la suspensión preventiva de actividades de intervención en los cauces y rondas de protección señalados.
Es importante precisar que este procedimiento ambiental es diferente de la denuncia penal anunciada ahora por la Alcaldía. La actuación de la CAM no constituye por sí sola una declaración de responsabilidad penal ni demuestra que todas las licencias urbanísticas del proyecto sean ilegales.
¿Qué busca establecer la Fiscalía?
La denuncia presentada por el municipio pretende que la Fiscalía examine las decisiones administrativas adoptadas durante diferentes periodos de gobierno y determine si existieron conductas que puedan constituir delitos.
Entre los asuntos que deberán esclarecerse están:
- La legalidad de las modificaciones a los perímetros urbanos y suburbanos.
- El cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos para expedir licencias urbanísticas.
- La disponibilidad real de acueducto y alcantarillado para los proyectos.
- La existencia de permisos y autorizaciones para las obras y desarrollos inmobiliarios.
- La posible responsabilidad de funcionarios y particulares en la expedición de actos administrativos y la comercialización de viviendas.
El abogado de la Administración Municipal, Sheiber Cuenca, explicó, según el reporte de La Última, que la denuncia comprende decisiones de distintas administraciones y no está dirigida exclusivamente contra un gobierno municipal.
Será la Fiscalía la que determine si existen elementos para abrir o avanzar en investigaciones penales, individualizar posibles responsables y establecer si se configuraron conductas delictivas.
¿Qué pasará con las familias que compraron vivienda?
Uno de los puntos más sensibles del caso es la situación de quienes han invertido sus ahorros o adquirido compromisos económicos para obtener una vivienda en estos proyectos.
La Administración Municipal manifestó que su actuación no busca afectar de entrada a los compradores que hayan actuado de buena fe. El propósito, según lo informado, es establecer si las autorizaciones y actuaciones administrativas cumplieron las exigencias legales y determinar las responsabilidades que correspondan.
Para las familias, será fundamental conocer el estado real de las licencias, los permisos de construcción, la disponibilidad de servicios públicos y las condiciones jurídicas de los inmuebles que están adquiriendo.
Por eso, quienes estén interesados en comprar o ya hayan separado una vivienda deben solicitar y verificar la documentación urbanística y los permisos correspondientes ante las autoridades competentes.
Palermo espera respuestas y claridad sobre su futuro urbanístico
El caso abre un debate de fondo sobre la planificación territorial del municipio y la responsabilidad de las administraciones públicas al autorizar proyectos inmobiliarios.
El crecimiento urbanístico debe estar acompañado de servicios públicos, infraestructura, estudios de riesgo y cumplimiento de las normas ambientales. De lo contrario, las consecuencias pueden terminar afectando tanto a los compradores como a las finanzas y la capacidad institucional del municipio.
Ahora la Fiscalía tendrá que revisar los documentos, verificar las denuncias y establecer si existieron irregularidades y quiénes podrían responder por ellas.
La ciudadanía de Palermo espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido, proteger a las familias y garantizar que el desarrollo urbanístico del municipio se realice con transparencia y dentro de la ley.
ALFA ESTÉREO NOTICIAS 107.8 FM
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