IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN DE PODAS Y ALQUILERES EN LA ELECTRIFICADORA DEL HUILA

Grave denuncia administrativa: Cuestionan procesos de contratación interna en la
Electrificadora del Huila por presuntas irregularidades en podas, alquiler de vehículos
y tarifas energéticas.

Una severa denuncia sobre la gestión de los recursos públicos al interior de la
Electrificadora del Huila (Electrohuila) ha encendido las alarmas en el departamento,
poniendo bajo la lupa la transparencia en la administración de la principal empresa de
energía de la región. Durante la emisión del Noticiero Popular, analistas, veedores y líderes
comunitarios expusieron una serie de maniobras presuntamente irregulares en la
adjudicación y ejecución de contratos clave para la operación y el mantenimiento de la red
eléctrica en los distintos municipios del Huila.

Uno de los focos más críticos expuestos en las denuncias se centra en los contratos
destinados al despeje de vegetación, podas de árboles y mantenimiento preventivo en las
líneas de alta, media y baja tensión. De acuerdo con los elementos revelados, varias
empresas contratistas habrían cobrado en periodos de tan solo un mes servicios cuyo
cronograma estaba pactado formalmente para ejecutarse a lo largo de cuatro meses. La
maniobra, según los denunciantes, se habría soportado mediante el uso repetitivo de los
mismos registros fotográficos, los cuales eran presentados con variaciones de encuadre o
fechas alteradas para justificar avances de obra inexistentes y certificar actas de pago de
manera acelerada.

Sumado a los hallazgos en las labores de poda, la veeduría expuso la existencia de
esquemas de intermediación técnica e idoneidad dudosa en el alquiler de vehículos
operativos y camionetas utilizadas por ingenieros y personal de campo. Según las
denuncias, se habrían contratado servicios de transporte con tarifas considerablemente
superiores a los precios promedio del mercado regional. Adicionalmente, el análisis abordó
presuntos sobrecostos en las tarifas de comercialización y venta de energía aplicadas a
usuarios finales, sobrepasando las ofertas económicas presentadas por otros proponentes
en los procesos de selección. Ante este panorama, analistas y sectores de la ciudadanía
formularon un vehemente llamado a la Contraloría General de la República, la Procuraduría
y la Fiscalía General de la Nación para que adelanten auditorías e investigaciones
disciplinarias y penales que protejan el patrimonio de la entidad y garanticen la prestación
eficiente del servicio energético en el departamento.

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