ALERTA EN EL ICETEX: DENUNCIAN CONTRATOS POR $83.770 MILLONES EN UN PROYECTO QUE HABRÍA SIDO DECLARADO INVIABLE

El presidente de la entidad, Richard Caicedo Rico, reveló presuntas irregularidades en la contratación de un programa de ahorro educativo voluntario y cuestionó el aumento del gasto administrativo. Según la revisión interna, se habrían comprometido recursos millonarios pese a que un estudio técnico concluyó que el proyecto no tenía viabilidad financiera. Los hallazgos serán puestos en conocimiento de los organismos de control.

Una revisión contractual y administrativa del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) puso bajo la lupa contratos por aproximadamente 83.770 millones de pesos, relacionados con un proyecto de ahorro educativo voluntario que, según un estudio de factibilidad contratado por la propia entidad, no contaba con condiciones financieras para garantizar su sostenibilidad.

La denuncia fue presentada por el presidente del ICETEX, Richard Alexander Caicedo Rico, quien aseguró que los hallazgos surgieron de una revisión ordenada desde agosto de 2026, cuando asumió la dirección de la institución.

De acuerdo con el funcionario, las presuntas irregularidades corresponden a decisiones contractuales de la administración anterior y serán trasladadas a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que determinen si existieron responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.

El proyecto que habría comprometido más de $83.000 millones

El principal hallazgo está relacionado con la iniciativa denominada Ahorro Educativo Voluntario (AEV), un producto que buscaba permitirles a las familias colombianas ahorrar recursos para financiar los estudios superiores de sus hijos.

Según el ICETEX, la entidad contrató una consultoría por más de 534 millones de pesos para evaluar la factibilidad de la iniciativa. El estudio entregó sus conclusiones en septiembre de 2025 y, según la actual administración, determinó que el proyecto no era financieramente viable ni garantizaba un modelo sostenible.

Sin embargo, pese a ese resultado, se habrían comprometido cerca de 83.770 millones de pesos en tres contratos relacionados con la iniciativa:

  • Estudio de factibilidad: más de $534 millones.
  • Estructuración jurídica: un contrato por aproximadamente $238 millones para desarrollar el reglamento del producto.
  • Desarrollo tecnológico: un contrato cercano a los $83.000 millones para construir la plataforma tecnológica necesaria para su funcionamiento.

La administración actual cuestiona que se hubieran mantenido compromisos contractuales después de conocerse las conclusiones desfavorables del estudio técnico.

$48.700 millones en entregas para una plataforma que no podía operar

Uno de los puntos más delicados de la denuncia está relacionado con el contrato tecnológico.

Según Richard Caicedo, el acuerdo estaba proyectado para ejecutarse durante cinco años, pero en menos de uno ya registraba entregas por aproximadamente 48.700 millones de pesos, equivalentes a más de la mitad de su valor.

El directivo cuestionó que se hubieran destinado esos recursos al desarrollo de una plataforma para un producto que, según la revisión de la entidad, no contaba con viabilidad financiera ni con el reglamento aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

También señaló que el contrato de estructuración jurídica, por cerca de 238 millones de pesos, registró pagos parciales sin que la administración actual encontrara evidencia de que el reglamento hubiera sido radicado o aprobado por el organismo de vigilancia financiera.

Otro aspecto que deberá ser revisado es el supuesto compromiso de recursos del Fondo Pasivo Contingente sin que, según el ICETEX, se haya encontrado evidencia de la autorización correspondiente de la Junta Directiva.

Estos elementos hacen parte de los hallazgos que deberán ser examinados por los organismos de control para establecer si hubo irregularidades en la planeación, contratación y ejecución de los recursos.

Aumentó en 80 % el número de contratistas

La revisión también identificó un incremento significativo en la contratación por prestación de servicios y en los gastos administrativos de la entidad.

Según las cifras presentadas por Caicedo, entre 2022 y 2026 el número de contratistas del ICETEX aumentó aproximadamente 80 %.

El funcionario afirmó que el costo de esta contratación superó los 70.000 millones de pesos durante el último año y que el gasto asociado a los contratos registró un incremento superior al 140 %.

Para la actual administración, resulta preocupante que el crecimiento de los gastos internos se haya producido durante el mismo periodo en el que disminuyó considerablemente la aprobación de nuevos créditos educativos.

El presidente del ICETEX anunció que se revisarán los contratos y se adoptarán medidas de austeridad para reducir gastos administrativos y priorizar los recursos destinados al financiamiento de los estudiantes.

Mientras tanto, los créditos educativos cayeron de 70.000 a cerca de 10.000

La denuncia también puso nuevamente en discusión la situación financiera del ICETEX y las dificultades que han enfrentado miles de jóvenes para acceder a financiación de sus estudios superiores.

Según el balance divulgado por la entidad, los recursos de la Nación destinados al ICETEX registraron recortes cercanos a 1,75 billones de pesos durante el periodo revisado.

Como consecuencia de las restricciones presupuestales, los nuevos créditos aprobados pasaron de cerca de 70.000 en 2024 a aproximadamente 10.621 en 2025.

La administración también señaló que se desmontaron recursos destinados al subsidio a la tasa de interés que, según sus cifras, beneficiaba a cerca de 200.000 jóvenes de menores ingresos.

El contraste entre la disminución de los créditos y el aumento de la contratación administrativa es uno de los argumentos centrales expuestos por el actual presidente para solicitar que se investiguen las decisiones tomadas en la entidad.

¿Qué harán la Contraloría y la Procuraduría?

Richard Caicedo anunció que pondrá en conocimiento de la Contraloría General y de la Procuraduría General el informe detallado de los hallazgos.

La Contraloría deberá establecer si existió un eventual daño al patrimonio público y si hay lugar a responsabilidades fiscales. Por su parte, la Procuraduría podrá examinar posibles faltas disciplinarias de los servidores públicos involucrados.

Si durante las investigaciones aparecen elementos que indiquen la posible comisión de delitos, las autoridades competentes deberán determinar si corresponde trasladar la información a la Fiscalía General de la Nación.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a hallazgos divulgados por la actual administración del ICETEX. No constituyen una declaración judicial de responsabilidad contra los funcionarios o contratistas que participaron en los procesos cuestionados.

¿Quién es Richard Caicedo, el presidente que presentó las denuncias?

Richard Alexander Caicedo Rico asumió la presidencia del ICETEX el 18 de agosto de 2026, por designación del presidente Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con la información institucional, cuenta con 23 años de experiencia en educación superior, gestión institucional y transformación tecnológica.

Desde su llegada anunció una revisión de los contratos y del funcionamiento administrativo de la entidad, con el propósito de identificar el destino de los recursos y establecer las condiciones financieras en las que recibió la institución.

Una investigación que podría tener consecuencias para la educación superior

El caso plantea interrogantes sobre la planeación de los proyectos tecnológicos, el control de los recursos públicos y las prioridades de inversión de una entidad que tiene como misión facilitar el acceso y la permanencia de los colombianos en la educación superior.

La pregunta central ahora será establecer si los recursos comprometidos en el programa de Ahorro Educativo Voluntario se ejecutaron conforme a los requisitos legales y técnicos, si hubo un eventual detrimento patrimonial y quiénes tendrían responsabilidad en las decisiones cuestionadas.

La investigación de los organismos de control será determinante para esclarecer lo ocurrido y establecer si hubo irregularidades en el manejo de los recursos del ICETEX.

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