DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE INVESTIGAR CON RIGOR DESALOJO EN PALERMO TRAS GRAVE HERIDA A UN CIUDADANO

El organismo hizo un llamado a la Fiscalía, la Procuraduría y al Ministerio de Defensa para esclarecer las circunstancias en las que un civil resultó herido por arma de fuego en un operativo que contó con presencia militar.

La Defensoría del Pueblo solicitó la apertura urgente e inmediata de investigaciones penales y disciplinarias tras los violentos hechos registrados durante una diligencia de desalojo por ocupación de predios públicos en el municipio de Palermo, Huila, los cuales dejaron como saldo un ciudadano gravemente herido por impacto de bala, además de dos uniformados lesionados y vehículos atacados.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y la entidad defensora, el procedimiento de carácter policivo se vio alterado por Fuertes enfrentamientos. Durante la jornada, una persona resultó lesionada por un disparo de arma de fuego que, según la información preliminar recopilada por el organismo humanitario, habría sido accionado por unidades adscritas al Batallón de Artillería No. 9 Tenerife de la Novena Brigada del Ejército.

Recordatorio sobre el uso de la fuerza y rol militar

Ante la gravedad del caso, la Defensoría del Pueblo fue enfática al recordar que las diligencias de desalojo constituyen procedimientos estrictamente de naturaleza administrativa y policiva, las cuales deben privilegias siempre canales de diálogo y concertación previa con las comunidades afectadas.

Asimismo, la entidad advirtió que los desalojos urbanos no corresponden a escenarios de despliegue de las funciones constitucionales asignadas a las Fuerzas Militares, por lo que resulta indispensable determinar las condiciones exactas en que las unidades militares hicieron presencia en el predio y su nivel de participación en los incidentes.

Exigencia a entes de control y al Ministerio de Defensa

El organismo formuló llamados puntuales a distintas instancias del Estado para establecer responsabilidades:

• A la Fiscalía General de la Nación: Adelantar con celeridad y rigor la investigación penal correspondiente para esclarecer las circunstancias en que el civil resultó herido y determinar la autoría de los disparos.
• A la Procuraduría General de la Nación: Asumir mediante el ejercicio del poder disciplinario preferente las actuaciones de indagación frente a los servidores públicos que intervinieron en el operativo.
• Al Ministerio de Defensa Nacional: Adoptar las medidas preventivas e institucionales requeridas para garantizar que las actuaciones de la Fuerza Pública se mantengan estrictamente dentro de sus competencias constitucionales y con pleno respeto de los derechos humanos.

Mientras las autoridades judiciales y disciplinarias avanzan en la recolección de pruebas, la comunidad y los organismos defensores de derechos humanos permanecen atentos a la evolución del estado de salud del ciudadano herido y al desarrollo de los peritajes oficiales.