Luis Felipe Conde Lasso, quien gobernó el municipio entre 2008 y 2011, fue declarado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Un juzgado emitió orden de captura para que cumpla la condena en un centro penitenciario.
AIPE, HUILA. Un nuevo fallo judicial por hechos de corrupción administrativa sacude al municipio de Aipe. La Fiscalía General de la Nación informó que un juzgado de conocimiento condenó a cinco años y ocho meses de prisión al exalcalde Luis Felipe Conde Lasso, por irregularidades en la celebración de un contrato relacionado con la disposición final de los residuos sólidos del municipio.
Conde Lasso estuvo al frente de la Alcaldía de Aipe durante el periodo 2008-2011. De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, los hechos investigados se remontan al primero de enero de 2008, cuando el entonces mandatario suscribió un contrato interadministrativo para disponer los residuos sólidos en el relleno sanitario Los Ángeles.
El convenio tuvo un valor inicial de 43 millones 320 mil pesos y posteriormente recibió una adición por 15 millones 680 mil pesos, para un valor total de 59 millones de pesos.
CONTRATO SE HABRÍA FIRMADO SIN LOS REQUISITOS LEGALES
Durante el proceso judicial, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila presentó elementos probatorios que permitieron demostrar, según la Fiscalía, que el procedimiento contractual se adelantó sin los estudios previos necesarios para justificar la contratación.
La investigación también estableció que no se contaba con los soportes técnicos y financieros exigidos por la normativa de contratación estatal.
Otro de los cuestionamientos fue que el exmandatario no habría obtenido la autorización del Concejo Municipal que se requería para celebrar el convenio.
Para el ente acusador, estas actuaciones desconocieron requisitos legales fundamentales que debían cumplirse antes de comprometer recursos y suscribir el contrato en nombre de la administración municipal.
DOCUMENTOS CONTRACTUALES CONTENDRÍAN INFORMACIÓN CONTRARIA A LA REALIDAD
La Fiscalía también acreditó que en los documentos relacionados con el contrato se habría incluido información que no correspondía con la realidad.
De igual manera, se encontraron personas relacionadas como intervinientes en el proceso contractual que, para la fecha de suscripción del convenio, todavía no desempeñaban los cargos que posteriormente fueron asociados con dicho procedimiento.
Estas circunstancias fueron valoradas dentro del proceso penal y sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad del exalcalde por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
JUZGADO ORDENÓ SU CAPTURA
Como parte de la decisión judicial, el juzgado impuso a Luis Felipe Conde Lasso una pena de cinco años y ocho meses de prisión y emitió una orden de captura para que sea trasladado a un establecimiento penitenciario y cumpla la condena.
La decisión representa un nuevo episodio judicial relacionado con la administración municipal de Aipe durante el periodo 2008-2011.
NO SERÍA EL ÚNICO PROCESO JUDICIAL POR CONTRATACIÓN PÚBLICA
La trayectoria judicial del exmandatario también registra antecedentes en otros expedientes por presuntas irregularidades contractuales.
En una sentencia de primera instancia del 25 de mayo de 2023, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva declaró responsables a Luis Felipe Conde Lasso y al exsecretario de Desarrollo de Aipe, José Sevel Castro Tovar, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Ese proceso estaba relacionado con el contrato de obra para la reposición y ampliación del alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado de Praga, suscrito en agosto de 2008 por un valor inicial superior a los 1.824 millones de pesos.
En aquella decisión, el juzgado impuso a Conde Lasso una pena de 64 meses de prisión, equivalente a cinco años y cuatro meses, por ese expediente diferente. La sentencia también contempló una multa y una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas.
Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación había adelantado actuaciones disciplinarias por otros contratos celebrados durante su administración, entre ellos uno relacionado con la adquisición de equipos de cómputo para instituciones educativas del municipio.
Es importante precisar que estos antecedentes corresponden a procesos distintos y no deben confundirse con la nueva condena relacionada con el manejo de los residuos sólidos.
AIPE, ANTE EL LLAMADO A LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La nueva condena vuelve a poner en discusión la responsabilidad de los mandatarios locales en el manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para contratar obras y servicios.
La disposición final de residuos sólidos es un servicio esencial para cualquier municipio, por lo que la planeación, los estudios técnicos, la disponibilidad presupuestal y las autorizaciones correspondientes son elementos fundamentales para garantizar que los recursos públicos se administren conforme a la ley.
Con esta decisión, la justicia vuelve a poner bajo escrutinio actuaciones administrativas de la Alcaldía de Aipe durante el periodo 2008-2011. La orden de captura deberá hacerse efectiva para que el exmandatario cumpla la pena impuesta, conforme a las disposiciones judiciales.
ALFA ESTÉREO NOTICIAS 107.8 FM
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