Casagua deja la investigación en manos de la Procuraduría, pero evade su responsabilidad como jefe de la administración municipal.

La tragedia ocurrida el pasado sábado 6 de septiembre, en la que perdieron la vida Wilmer Santiago Fuyar Ocampo y Yuly Andrea Quinayas Campos, ambos de 19 años, quienes viajaban en una motocicleta junto a su compañera Ana María de León Martínez, también auxiliar de Policía, que sobrevivió con graves lesiones tras una persecución de agentes de tránsito en Neiva, no puede entenderse como un simple accidente de tránsito. Este hecho, doloroso y evitable, refleja lo que parece ser una peligrosa práctica de extralimitación de funciones que ya había sido denunciada por la comunidad.

En julio pasado, dos jóvenes alertaron sobre presuntas agresiones cometidas por agentes de tránsito en circunstancias muy similares: uso de fuerza desproporcionada, caída de motocicletas y procedimientos que dejan más dudas que certezas. En ese momento, la Administración Municipal optó por el silencio. Hoy, ese silencio se traduce en luto para dos familias y en indignación para toda una ciudad.

El rol de los agentes de tránsito es regular la movilidad, proteger la vida en las vías y garantizar el orden. Nunca puede confundirse con prácticas violentas ni con la utilización de elementos que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos. Una varilla metálica, utilizada presuntamente para detener una motocicleta en movimiento, no es un instrumento de control: es un arma letal.

Tras el hecho, el alcalde Germán Casagua anunció el retiro de las funciones de los agentes involucrados y manifestó que será la Procuraduría la encargada de adelantar la investigación correspondiente. Pero en sus declaraciones, el mandatario omitió un punto fundamental: la responsabilidad administrativa no recae únicamente en los agentes, sino directamente en él como jefe de gobierno local y en la Secretaría de Movilidad, entidad bajo su dirección. Delegar la responsabilidad a los órganos de control es insuficiente si no se reconoce el deber de supervisión y mando que le corresponde al propio alcalde.

La ciudadanía espera respuestas claras: ¿quién autorizó este tipo de procedimientos? ¿Por qué no se actuó tras las denuncias previas de extralimitación? ¿Qué controles existen sobre los agentes de tránsito y sus actuaciones?

La Administración Municipal no puede esconderse tras la figura de la Procuraduría para evadir responsabilidades. La ética pública exige asumirlas de frente. Porque no se trata solo de cifras ni de investigaciones abiertas: se trata de vidas humanas, de sueños truncados y de familias destrozadas.

Neiva no puede normalizar la violencia desde las instituciones. Callar sería ser cómplices. Hoy más que nunca, la ciudad exige verdad, justicia y un cambio profundo en la forma como se ejerce la autoridad en las vías. Y esa exigencia empieza por el alcalde mismo.